Tegucigalpa, Honduras.
Después de que agentes de seguridad desalojaran a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, rectora de la máxima casa de estudios, manifestó que llegar a esa determinación no fue fácil, pero no había otra alternativa.
“Tenemos que tomar decisiones una vez que se ven agotadas todas las formas y procedimientos internos para resolver el conflicto. Todo se ha hecho a base de la ley y no ha existido ninguna violación”, expresó.
Aclaró que la autonomía no da el derecho a cometer ningún delito o falta y que después queden en la impunidad.
Denunció que durante la noche ingresaban a Ciudad Universitaria vehículos con bebidas y alimentos, por lo que no había ningún control de las instalaciones.
“Hemos valorado está decisión y nos ha movido la responsabilidad por los estudiantes que sí querían clases”, justificó.
A principios de junio, un grupo de estudiantes se tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria; luego la acción se extendió a los centros regionales de San Pedro Sula, Comayagua y La Ceiba; solo este último desistió de la medida.
Reiteró que la toma en los centros regionales y en el campus de Tegucigalpa tiene un tinte político. “Las exigencias fueron variando conforme los días iban pasando. Buscando una solución iniciamos el diálogo el 26 de junio”, recordó.
No obstante, las pláticas fueron suspendidas por la “mala conducta” de los jóvenes, según Castellanos.
Los efectos más graves de las tomas de los edificios es que miles de estudiantes perdieron su período académico.
Asimismo, se cuantifican daños a las finanzas de la Unah de unos 3.5 millones de lempiras diarios por el pago de salarios a los docentes que no han impartido clases.
De igual manera, no se han cumplido algunos compromisos con otros centros universitarios como la realización de eventos. El lunes definirán como se extenderá el actual periodo y si el tercero tiene salvación.
Analizan sanciones
Según las autoridades universitarias los estudiantes se someterán a las medidas que dicta el reglamento estudiantil, a parte de las que los entes de justicia externos a la universidad consideren pertinentes.
El artículo nueve, numeral E del Reglamento Estudiantil dice que es una prohibición de los estudiantes realizar paros, tomas de instalaciones o provocar cualquier acto que interrumpa el desempeño académico de los profesores o la actividad administrativa de la Unah.
Sin embargo, esa normativa establece en el artículo 14: “Según sea la gravedad de las infracciones de que se trate o su reiteración serán aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes capítulos, algunas de las siguientes medidas disciplinarias”: amonestación verbal privada, amonestación escrita y expulsión del aula.
También se menciona la suspensión temporal de hasta ocho días, expulsión limitada, equivalente a una suspensión mayor, suspensión de curso, de período o ciclo, y como medida más extrema, la expulsión definitiva de la institución.
Los casos serán analizados por cada facultad, como lo ordena el mismo reglamento. El proceso de correctivos será complejo, ya que la mayoría de los manifestantes mantuvieron su rostro tapado durante toda la protesta, por lo tanto será difícil identificarlos.
Después de que agentes de seguridad desalojaran a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, rectora de la máxima casa de estudios, manifestó que llegar a esa determinación no fue fácil, pero no había otra alternativa.
“Tenemos que tomar decisiones una vez que se ven agotadas todas las formas y procedimientos internos para resolver el conflicto. Todo se ha hecho a base de la ley y no ha existido ninguna violación”, expresó.
Aclaró que la autonomía no da el derecho a cometer ningún delito o falta y que después queden en la impunidad.
Denunció que durante la noche ingresaban a Ciudad Universitaria vehículos con bebidas y alimentos, por lo que no había ningún control de las instalaciones.
“Hemos valorado está decisión y nos ha movido la responsabilidad por los estudiantes que sí querían clases”, justificó.
A principios de junio, un grupo de estudiantes se tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria; luego la acción se extendió a los centros regionales de San Pedro Sula, Comayagua y La Ceiba; solo este último desistió de la medida.
Reiteró que la toma en los centros regionales y en el campus de Tegucigalpa tiene un tinte político. “Las exigencias fueron variando conforme los días iban pasando. Buscando una solución iniciamos el diálogo el 26 de junio”, recordó.
No obstante, las pláticas fueron suspendidas por la “mala conducta” de los jóvenes, según Castellanos.
Los efectos más graves de las tomas de los edificios es que miles de estudiantes perdieron su período académico.
Asimismo, se cuantifican daños a las finanzas de la Unah de unos 3.5 millones de lempiras diarios por el pago de salarios a los docentes que no han impartido clases.
De igual manera, no se han cumplido algunos compromisos con otros centros universitarios como la realización de eventos. El lunes definirán como se extenderá el actual periodo y si el tercero tiene salvación.
Analizan sanciones
Según las autoridades universitarias los estudiantes se someterán a las medidas que dicta el reglamento estudiantil, a parte de las que los entes de justicia externos a la universidad consideren pertinentes.
El artículo nueve, numeral E del Reglamento Estudiantil dice que es una prohibición de los estudiantes realizar paros, tomas de instalaciones o provocar cualquier acto que interrumpa el desempeño académico de los profesores o la actividad administrativa de la Unah.
Sin embargo, esa normativa establece en el artículo 14: “Según sea la gravedad de las infracciones de que se trate o su reiteración serán aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes capítulos, algunas de las siguientes medidas disciplinarias”: amonestación verbal privada, amonestación escrita y expulsión del aula.
También se menciona la suspensión temporal de hasta ocho días, expulsión limitada, equivalente a una suspensión mayor, suspensión de curso, de período o ciclo, y como medida más extrema, la expulsión definitiva de la institución.
Los casos serán analizados por cada facultad, como lo ordena el mismo reglamento. El proceso de correctivos será complejo, ya que la mayoría de los manifestantes mantuvieron su rostro tapado durante toda la protesta, por lo tanto será difícil identificarlos.
