El juez Kevin Castel, encargado del caso de Juan Orlando Hernández (2014-2022) en el Distrito Sur de Nueva York, ha respondido a las notificaciones presentadas por la defensa del exmandatario y la Fiscalía.
Ambas partes han estado inmersas desde septiembre de 2023 en una disputa sobre la clasificación de la evidencia presentada bajo la Ley de Clasificación de Procedimientos de Información (CIPA).
En una comunicación emitida este 15 de diciembre, el juez Castel informó a las partes que, a pesar de suspender su orden hasta el 21 de diciembre de 2023, permitirá al gobierno decidir si presentará una apelación o una orden judicial. Si el Gobierno expresa su intención de apelar o presentar un escrito, se considerará extender la suspensión.
La discusión gira en torno a qué parte de la evidencia presentada puede considerarse clasificada, especialmente en lo que respecta a información sobre agentes de Estados Unidos y sus informes.
Sin embargo, el juez subrayó que el juicio de esta acción sigue programado para el 5 de febrero de 2024 a las 10 a.m., y no prevé cambios en ese cronograma.
En la notificación de cinco páginas, Castel reveló que Sabrina Shroff, abogada autorizada para la revisión de información clasificada en este caso, ha participado en el proceso CIPA.
Además, señaló que Raymond Colón, abogado no autorizado de Hernández sin acceso a información clasificada, planteó cuestiones de descubrimiento de evidencia en una carta registrada y luego eliminada por insistencia del gobierno, que alega que reveló información clasificada.
El juez Castel destaca en la carta que el gobierno no ha demostrado que la información conocida por el acusado antes de su acusación y extradición a los Estados Unidos sea considerada como “información clasificada” según la sección 1 de la CIPA.
En conclusión, el juez Castel mantiene la fecha programada para el juicio y espera una respuesta por parte del Gobierno respecto a la posible apelación antes del 21 de diciembre de 2023.
