SAN PEDRO SULA.
Indican que luego que se confirmó que el preso murió por coronavirus se tomaron siete muestras para la prueba de PCR, entre estas al médico que lo atendió cuando lo llevaron de emergencia, a un policía militar y sus compañeros de celda.
Un informe hecho por el Juzgado de Ejecución Penal a raíz de una inspección de Derechos Humanos y la Secretaría de Salud se confirma que al preso que murió por Covid-19 en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, 10 días antes de su deceso se le proveyó tratamiento médico porque adolecía de problemas respiratorios.
Ese extremo contradice a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que en conferencia de prensa el miércoles de esta semana afirmaron que el reo que murió por coronavirus era una persona sana y que repentinamente sufrió un dolor en el pecho y murió.
El Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) y personal de Salud hicieron la inspección y reportaron al juzgado que los presos en El Pozo deambulan o se reúnen sin usar la obligada mascarilla, ni guantes para evitar contagios.
| Datos
- El 20 de abril por la noche murió el preso de 52 años dentro de la cárcel de El Pozo.
- El 23 de abril en la morgue de SPS le tomaron la muestra de PCR y el 26 confirmaron que era positiva de Covid-19 y su cuerpo aún no es enterrado.
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También en la cárcel, el personal de la Secretaría de Salud hizo una serie de preguntas de un cuestionario por escrito que fue llenado por información provista por los reclusos.
El Juzgado de Ejecución Penal afirma que en el módulo adonde permanecía el preso convivía con 90 compañeros y el personal de Salud solo hizo 70 evaluaciones, no médicas sino consistentes en llenar formularios con información personal.
El personal de Derechos Humanos que participó en la inspección asegura que fueron testigos de que a la población penitenciaria no les han dado implementos de bioseguridad, como gel de manos, guantes y mascarillas.
En una resolución a raíz de la muerte del reo, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó a Sinager que declare emergencia en ese centro penitenciario y que lo cerrara de forma que nadie podía ingresar ni salir del reclusorio para evitar masivos contagios.
Autoridades del INP dijeron que habían tomado medidas de aislamiento dentro de El Pozo, que se había dotado de materiales a los reclusos, pero con el informe del juzgado se confirmó que no cumplieron con lo ordenado.
En un comunicado, los presos expresaron que durante la emergencia por coronavirus no se han puesto reos en libertad, solo los que gozan de preliberación, libertad condicional, pago de conmuta o porque se les ha vencido la prisión preventiva.
Afirman que hay reos con tuberculosis y enfermedades de base en riesgo y que cumplen con requisitos para su libertad.
