El prestigioso equipo de defensa que lo componen y encabezan los abogados Raymond Colón y Daniel Pérez afinan detalles para contrarrestar las evidencias que tiene la Fiscalía de Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández.
Previo a la audiencia del 10 de mayo se ha informado que los fiscales tienen en sus manos testimonios como los de los narcos Alexander Ardón y Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, así como documentos, mensajes, fotografías y otros elementos en torno a la carga probatoria que vinculan supuestamente al exmandatario con el mundo del narcotráfico.
El proceso judicial contra el expresidente de Honduras comenzó el pasado 22 de abril cuando escuchó sus derechos y de lo que se le señala, a través de videoconferencia desde la prisión federal en la que está en Nueva York. Con la ayuda de un intérprete el exmandatario escuchó del juez Stewart D. Aaron los cargos presentados en su contra por el Gobierno estadounidense, quien fijó la próxima audiencia para el 10 de mayo.
El expresidente Hernández ha asegurado en reiteradas ocasiones que es inocente y que esto solo se trata de “una venganza de narcotraficantes confesos” porque a algunos de ellos su Gobierno los extraditó y porque “buscan reducir su condena” en Estados Unidos.
Juan Orlando Hernández, cuando fue presidente de Honduras, mostró resultados en la lucha contra el narcotráfico e hizo incautaciones de droga que fueron elogiadas por Washington. Cuando fue reelegido presidente en 2017, Estados Unidos fue uno de los primeros en saludar su triunfo a pesar de acusaciones de fraude electoral en su contra.
Se espera que en los próximos días la defensa del exmandatario solicite pagar una fianza para defendese en libertad, la cual la estará costeando la comunidad judía que radica en Estados Unidos, pero la decisión de aceptarla o no únicamente le compete al juez Kevin Castel. Sus abogados también han dicho que durante la segunda audiencia el expresidente sostendrá que es inocente y que enfrentará a la justicia durante un juicio para demostrar que no está relacionado con los señalamientos en su contra.
“Participó en una conspiración violenta de narcotráfico”
Hernández Alvarado está siendo acusado de tres delitos cometidos, según la fiscalía federal, entre 2004 y 2022: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas; estos dos últimos delitos pueden merecer la cadena perpetua.
La acusación formal alega que desde al menos alrededor de 2004, hasta alrededor de 2022, inclusive, Hernández, que fue presidente de Honduras durante dos mandatos, participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.
Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el Ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.
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La Fiscalía afirma que “Juan Orlando Hernández se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.
“Se alega que Hernández usó sus vastos poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de cárteles, alertándolos sobre posibles interdicciones y permitiendo la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas”, apuntó el ente acusador.
Según la acusación enmendada, Hernández protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado), contra la investigación, el arresto y la extradición. También hizo que se proporcionara información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos, ordenó a miembros fuertemente armados de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército hondureño que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras”.
Según se alega, como congresista y luego presidente de Honduras, Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, entre otros individuos. Aproximadamente en 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera.
“Hernández envió a su hermano “Tony” Hernández y a un asociado, armados con ametralladoras a cobrar el soborno de 1 millón de dólares de Guzmán Loera, a cambio prometió seguir protegiendo las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en Honduras”, se agrega.
Como se ha citado, “aproximadamente en 2013 y 2014, Hernández se asoció con el traficante hondureño de cocaína a gran escala y violento, Geovanny Fuentes Ramírez, durante múltiples reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, este último sobornó a Hernández para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico”.
Además de Guzmán Loera y Fuentes Ramírez, “otros narcotraficantes prolíficos en Honduras y Guatemala pagaron a Hernández sobornos provenientes de las ganancias de las drogas para apoyar su carrera política a cambio de la protección y la colaboración en su narcotráfico. Hernández usó estos sobornos estimulados por la cocaína para asegurar su continuo ascenso en la política hondureña, incluida su elección como presidente en 2013 y 2017; en relación con las elecciones de 2013 y 2017, “Tony” Hernández ordenó a los miembros de esta conspiración que sobornaran a políticos y funcionarios electorales con ganancias de las drogas para garantizar que Juan Orlando Hernández ganara la presidencia”.
