La intervención anunciada en el Instituto de la Propiedad (IP) por supuesto desvío de dinero provocó un enfrentamiento entre el oficialismo del partido Libertad y Refundación (Libre) y la facción del precandidato presidencial Jorge Cálix.
La llegada de una interventora -sería la quinta comisión del actual gobierno- fue anunciada en la mañana de ayer por la presidenta Xiomara Castro en su cuenta de X bajo el argumento de que se han detectado erogaciones sin registros fiables por más de 18,000 millones de lempiras.
La mandataria acusó que en esa institución se han adulterado y financiado construcciones de viviendas, y se han desviado fondos de la transformación digital para gastos publicitarios y supuestas obras sociales.
Asimismo, hay una investigación sobre “la erogación de más de L1,000 millones de manera ilegal” después de la liquidación de los fideicomisos por parte del Congreso Nacional”.
A la lista se suman denuncias sobre inscripciones ilegales de terrenos y vehículos.
Persecución política. Uno de los primeros en reaccionar fue Jorge Cálix, precandidato presidencial por Libre, pues -como él reconoció- las autoridades actuales son afines a su movimiento.
“Sé que esto es un tema político y que el ánimo es perjudicarme a mí”, afirmó.
En una entrevista para HCH, el también diputado manifestó que la información que proporcionó la mandataria fue inexacta y proporcionada por sus dos ministros de Finanzas.
Elisa Borjas, directora del Registro Vehicular, señaló en conferencia de prensa que el plan de liquidación del fideicomiso fue consensuado y avalado con la Secretaría de Finanzas.
“Nos sorprende que esto salga a la luz pública (...) cuando hemos venido consensuando desde la erogación del fideicomiso cuando transferimos los fondos a la cuenta pública del tesoro y empezamos a remitir toda la documentación pertinente, sin ocultar información a la Secretaría de Finanzas”.
Sobre la erogación de 18,000 millones, Borjas expresó que estos fondos se ejecutaron en el gobierno anterior.
