El precandidato presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, reaccionó este jueves ante el anuncio de la presidenta de la República, Xiomara Castro, sobre la intervención al Instituto de la Propiedad (IP) por supuestas irregularidades.
El diputado Cálix aseguró que la orden de la mandataria de intervenir el IP es una clara persecución política contra él y hacia las personas que colocó dentro de la institución.
“Quieren despedir a la gente que yo puse. Estoy claro de la persecución que siempre me montan. Me molesta que se involucren a terceros que no tienen nada que ver con la política, si el problema es conmigo deberían de dirigirse directamente a mí”, declaró.
Asimismo, se refirió a los 1,000 millones de lempiras que mencionó la presidenta Xiomara Castro, justificando que esos fondos eran parte de los compromisos del gobierno anterior al Instituto de la Propiedad.
Manifestó que la Secretaría de Finanzas tenía conocimiento de todas las acciones ejecutadas en IP, además, dijo que no teme ni tiene ningún problema en que el Ministerio Público lo investigue. “Lamento que se utilice información inexacta para justificar una persecución política en mi contra”.
Por otro lado, indicó que lo único que le preocupa es que se despida a personas del mismo partido, al tiempo que reconoció que la mandataria tiene la potestad de ordenar dicha intervención.
El precandidato presidencial deploró que Xiomara Castro no aclarara que la denuncia involucra a la administración anterior y no a la actual.
Dardo a Xiomara Castro y mensaje a “Mel” Zelaya
En otra reacción para un medio capitalino, Jorge Cálix sostuvo que a la actual titular del Poder Ejecutivo le tocará entregarle la banda presidencial en enero de 2026.
También, envió un mensaje al expresidente Manuel Zelaya Rosales y le deseó pronta recuperación, debido a una enfermedad que lo aqueja, según el congresista.
¿Qué denunció la presidenta?
La presidenta Xiomara Castro denunció que “el IP, con erogaciones por más de L18,000 millones sin registros fiables y violando la ley, adulteró y financió construcciones de viviendas”.
Castro mencionó que la institución incurrió en gastos publicitarios y de supuestas obras sociales, desviando fondos de la finalidad del fideicomiso, que era la transformación digital del IP.
“Después de la liquidación de los fideicomisos por el Congreso Nacional, en el IP se erogaron más de L1,000 millones de manera ilegal”, develó la gobernante hondureña.
“Por estas razones, he tomado la decisión de intervenir el IP, que, por decreto del narcoestado desde 2015, ha operado fuera de la Caja Única del Tesoro. He ordenado que estos delitos se denuncien ante el MP”, concluyó.
