Tegucigalpa.
El Tribunal Superior de Cuentas remitió al Ministerio Público un informe que arroja indicios de responsabilidad penal en la compra de zapatos para escolares en la administración del Despacho de la Primera Dama, Rosa Elena de Lobo.
La compra de más de siete millones de lempiras para el programa 'Calzando a los niños de Honduras' se pagaron con fondos del Programa de Asignación Familiar (PRAF) y se han detectado irregularidades en la entrega y compra del calzado.
Según el TSC no se verificó que los proveedores de zapatos estuvieran debidamente registrados en las dependencias municipales y estatales.
Tampoco se obtuvo la documentación de la entrega del calzado por lo que se desconoce si realmente llegaron a los beneficiarios.
El TSC realizó investigaciones en escuelas que habrían sido beneficiados, en algunos mostraron que sí recibieron donaciones y en otros centros no.
En la auditoría además se constató la alteración en el pago de los zapatos a los proveedores. El TSC pide al Ministerio Público que interponga las acusaciones correspondientes. La auditoría abarca el periódo del 1 primero de enero de 2010 a diciembre de 2012.
Para del informe establece lo siguiente:
Según lo manifestado por Ángel Orlando Paz, exgerente administrativo del Programa de Asignación Familiar (PRAF), en 2010 el Despacho de la Primera Dama, Rosa Elena de Lobo, realizó el proceso de compra de calzado mediante tres cotizaciones para beneficiar a varios niños y niñas de diferentes departamentos del país.
Dichas compras se efectuaron en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010 por la cantidad de L.7,740,000.00, a diferente proveedor y para adquirir el mismo producto, existiendo una subdivisión en las compras realizadas e incumpliendo lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto ya que no se efectuó el proceso de licitación pública correspondiente.
Los cheques fueron retirados del PRAF por Gisela Bonilla, enlace entre el Despacho de la Primera Dama y el PRAF; sin embargo se verificó en los cheques devueltos por el banco que el número de identidad de la persona que efectuó el cobro, sí corresponde a las personas a quienes se emitieron los cheques, asimismo se observó que algunos atributos de las firmas contempladas en los recibos difieren con las firmas plasmados en los cheques cobrados.
Por lo que no se pudo constatar que los proveedores que proporcionaron el calzado recibieron efectivamente el pago, ya que los cheques no fueron entregados directamente por el PRAF a cada proveedor, sino que fue por medio de Gisela Bonilla, enlace entre el Despacho de la Primera Dama y el Programa de Asignación Familiar (PRAF).
Los auditores comprobaron que las compras de calzado se efectuaron a proveedores que algunos de estos no están inscritos en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Alcaldía del Distrito Central, Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Oficina Normativa de Contratación del Estado tal como lo estipula la Ley.
El informe señala que no se obtuvo evidencia de la entrega del calzado por parte del Despacho de la Primera Dama a los beneficiarios, por tal motivo se procedió a realizar las notificaciones correspondientes a fin de confirmar la entrega del calzado.
Algunos confirmaron que sí habían recibido y otros que no; pero en el caso de las confirmaciones presentadas por algunos centros educativos solo brindan una constancia de fecha actual y no así de la fecha de entrega del calzado en ese momento.
En el informe se incluye la alteración en algunos documentos que soportan el pago realizado en concepto de compra de calzado y viáticos y otros gastos de viaje.
