Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP) oficializaron el inicio de un procedimiento investigativo en contra de un juez y fiscales por supuestamente facilitar la liberación de un presunto narcotraficante colombiano.
La semana anterior, fiscales y policías realizaron un operativo en un sitio ubicado en la montaña de La Cumbre, La Iguala, Lempira.
Producto de la acción se encontró una plantación de cuatro manzanas de supuesta marihuana o amapola, que será analizada para confirmar su condición y presentar también ante los juzgados los indicios del funcionamiento de un laboratorio para el procesamiento y empaque de estas especies. En el lugar se capturó a Gester Orlando Jacinto Miranda, hondureño; y al colombiano Rubén Darío Pinilla. Ambos fueron puestos a la orden de un juez con jurisdicción nacional.
La Fiscalía precisa que, según informe de la Policía Nacional, el 25 de julio de 2013 en la aldea La Cumbre, de La Iguala, Lempira, fueron detenidos in fraganti Rubén Darío Pinilla y Fredy Hernán Roldán Jímenez, de nacionalidad colombiana, quienes enfrentan procesos penales por los delitos de cultivo de plantas estupefacientes, tala y aprovechamiento ilegal de producto forestal. En ese momento se les decomisó 73 plantas de hierba verde (supuesta marihuana), 2,440 plantas en vivero de supuesta marihuana en estado de germinación y 4,000 pies tablares de madera de pino.
En el Poder Judicial y MP se ordenó una investigación para esclarecer por qué fue liberado Rubén Darío Pinilla, recapturado la semana anterior.
El magistrado vicepresidente de la CSJ, José Tomás Arita Valle, confirmó que este caso es objeto de una investigación, con una advertencia.
“A las personas que hayan incurrido en algún delito por este tipo de situaciones tendrán que pagar las consecuencias”, manifestó.
La Inspectoría de Tribunales inició de inmediato una investigación. Las diligencias incluyen pedir copia del expediente judicial para constatar qué se resolvió para liberar al supuesto narco y bajo qué argumentos.
En caso de confirmar irregularidades, someterá el expediente al Consejo de la Judicatura para aplicar la sanción que corresponda.
