Tegucigalpa, Honduras
Alrededor de 10 meses duró la investigación que concluyó con el requerimiento fiscal en contra de Ramón “Moncho” Lobo Sosa y el exadministrador de Casa Presidencial, Wilfredo Cerrato Durón.
“Ellos se dieron cuenta desde enero que estaban siendo investigados por la Ufecic”, confió una fuente cercana a los imputados.
La Ufecic es la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad contra la Corrupción que interpuso el lunes un requerimiento fiscal en contra del hermano del expresidente Porfirio Lobo y su “mano derecha”.
La fuente aseveró que desde septiembre estaban a la espera del requerimiento fiscal.
Ramón Lobo y Wilfredo Cerrato son acusados de conformar una trama para apropiarse de fondos públicos que iban destinados para la seguridad de la Casa Presidencial, durante el mandato del expresidente Lobo, entre 2010 y 2014.
Presuntamente, Cerrato abrió dos cuentas de cheques con un monto de L40 millones mientras fungía como secretario de Administración y Gestión Financiera Presidencial, por donde se drenaron los L8.4 millones.
Fueron a través de 84 cheques que salieron los fondos públicos y que según Ufecic fueron cambiados por dos testigos protegidos a favor de “Moncho” Lobo.
“Como resultado de la investigación, se logró identificar que entre 2010 y 2014, Wilfredo Cerrato libró de la cuenta de cheques a nombre de Casa Presidencial/Administración por lo menos 12 cheques; y de la otra cuenta, por lo menos 72 cheques, todos a razón de L100,000 cada uno”, indica la acusación.
Los fiscales no descartan la emisión de un requerimiento en contra de los bienes de los imputados para recuperar el dinero desviado.
El exmandatario Porfirio Lobo salió ayer en defensa de su hermano mayor y su hombre de confianza. “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”, posteó el expresidente en su redes sociales, citando el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nombramiento
El presidente de la Corte, Rolando Argueta, convocó a reunión al pleno de magistrados para este jueves a las 8:30 am, informó el magistrado Rafael Bustillo.
Ahí se designarán al juez natural y a la corte de apelaciones que conocerá el denominado caso “Caja Chica del Hermano”, informó la Corte Suprema de Justicia.
Una vez designados los togados, el requerimiento fiscal que está en la Secretaría General de la CSJ será turnado al juez de primera instancia.
Le corresponderá a este juez admitir la acusación y determinar si procede la orden de captura, tal como lo está solicitando en el requerimiento fiscal, el equipo integrado de la Ufecic-Maccih.
No obstante, los jueces pueden permitir que tanto Ramón Lobo Sosa y Wilfredo Cerrato se presenten voluntariamente debido a la avanzada edad con la que cuentan.
Una vez admitido el requerimiento fiscal los abogados defensores de los acusados deberán notificarse ante la Secretaría del Juzgado que será nombrado para conocer el proceso judicial.
El caso se dirimirá ante un juez natural nombrado por la Corte Suprema de Justicia, por la condición de Cerrato Durón de diputado del Parlamento Centroamericano.
Caso sólido
El jefe de la Ufecic, Luis Javier Santos, dijo que la acusación en contra de los dos hombres está bien sustentada.
“Esperamos que se le va a dar el trámite correspondiente y de acuerdo a las pruebas aportadas el mismo va ser elevado a juicio oral y público”, señaló el jefe de la Ufecic.
“Presentamos el caso con las pruebas correspondientes. Los jueces toman sus decisiones de manera independiente a los hechos y las pruebas que presenta el Ministerio Público”, indicó. El fiscal Santos señaló que cuando el Ministerio Público decide presentar un caso ante los tribunales es porque se tienen las pruebas.
CNA pide castigar a corruptos
La coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, demandó que los culpables de actos de fraude, abuso de autoridad y malversación de fondos reciban su castigo.
“El dinero que indebidamente han tomado para sí las redes de corrupción debe ser retornado de donde fue sustraído y los culpables, llevados a la cárcel”, manifestó Castellanos.
“Al pueblo le causa repulsión al darse cuenta de toda la corrupción que existe”, señaló.
A su juicio, los funcionarios y exfuncionarios que están siendo señalados deben de ser suspendidos hasta que culmine la investigación, ya que se puede sustraer información.
