Durante la administración de la presidenta Xiomara Castro se han creado ocho juntas interventoras. Las primeras fueron la del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y la del Sistema de Emergencia 911; ambas comisiones se han mantenido durante el actual Gobierno, tras varias ampliaciones hechas desde el Ejecutivo.
Esta semana se anunció la intervención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que recae en la ministra de Salud, Carla Paredes.
Diversos sectores y empleados del IHSS se sorprendieron con el anuncio de las autoridades gubernamentales. El médico y diputado Carlos Umaña expresó su expectativa sobre la junta interventora y pidió al Gobierno que no persiga innecesariamente a las personas, sino que analice los perfiles y realice los cambios necesarios para beneficiar a los derechohabientes.
La ministra de Salud se propone mejorar las condiciones del Seguro Social en un año y desarticular los grupos de poder que generan ingobernabilidad en el instituto.
¿Son necesarias las comisiones interventoras?
Aunque las comisiones interventoras se crean para resolver problemas administrativos en las instituciones, analistas y expertos critican que, en realidad, generan inestabilidad y altos costos sin mostrar resultados claros. Además, se considera que sirven más para dar empleo a personas cercanas a los responsables.
En el caso del Inprema, los profesores defienden que la comisión ha logrado mejorar las finanzas del instituto y presentó las reformas para mejorar las pensiones de los maestros.
En febrero de 2023, se crearon dos comisiones para auditar y proponer soluciones en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y el Servicio Civil.
Aunque la intervención en la Oabi debía durar un mes, se extendió casi dos años. Al finalizar, los comisionados recomendaron cerrar la institución y crear una nueva para gestionar bienes incautados. A pesar de esto, en febrero de 2024, Marco Antonio Zelaya Reyes fue nombrado nuevo director de la Oabi.
A la fecha se desconoce en detalle sobre las acciones que se están haciendo para mejorar la institución, al contrario, a diferentes sectores les preocupa la deficiente gestión de la oficina.
Otra de las recientes intervenciones está la del Instituto de la Propiedad (IP), luego que se diera a conocer sobre un desvío millonario de fondos.
En mayo de este año, la presidenta ordenó la intervención, argumentando que se desviaron 18 mil millones de lempiras, fondos que serían utilizados para la transformación digital del instituto, pero que fueron desviados para financiar la construcción de viviendas, en obras sociales y en gastos publicitarios. Actualmente, no hay detalles sobre los hallazgos que encontró la comisión.
“Ni juntas interventoras ni directores han podido ejercer un cambio positivo o tener buenos resultados en la OabiI”, opinó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
En abril del año pasado, la presidenta Castro creó una comisión interventora en el Instituto Nacional Penitenciario para desmantelar las estructuras criminales en las cárceles.
Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, fue nombrada para dirigirla, pero fue suspendida tras una matanza en la Penitenciaría Nacional Femenina. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) tomó el control y se declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario en junio de 2023.
La PMOP sigue administrando las cárceles, con opiniones divididas sobre la intervención militar y preocupaciones sobre la transparencia.
El analista político Raúl Pineda consideró que las comisiones interventoras son para darle “chamba” a los políticos. Cuestionó la legalidad de las comisiones, pues muchas se han extendido por años.
“Estas comisiones actúan de manera ilegal porque exceden el plazo establecido por la Ley de la Administración Pública. Según la ley, las intervenciones deben ser muy temporales y presentar un informe de los hallazgos en la institución, pero en este caso no se rinde informe y se prolonga la existencia de la comisión”.
Agregó que una vez que se nombra la comisión interventora, se da por finalizado el conflicto o la incorrecta administración por la que fue creada, es decir, después de su creación no se da un informe detallado de los hallazgos y no se presentan acciones que se hicieron para enmendar esas fallas.
Otros sectores expusieron sobre el doble discurso de las autoridades gubernamentales, pues cuando eran oposición hacían fuertes críticas hacia las comisiones interventoras; pero ahora están haciendo lo mismo.
Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, lamentó que “se siguen replicando las prácticas que fueron fuertemente criticadas”.
“En Honduras ha habido una caída muy fuerte de la administración pública, se ha ido degradando y las juntas interventoras es el resultado de la inoperancia, de la falta de capacidad, de la politización y al final, cuando una institución no cumple sus objetivos lo que se hace es que se nombran a tres (nuevos burócratas)”, señaló.
El abogado constitucionalista Oliver Erazo apuntó que la creación de comisiones interventoras no han tenido buenos precedentes en el país.
“Ningún país serio y ninguna administración seria progresan, avanzan y fortalecen sus instituciones con comisiones interventoras; los hallazgos en el pasado reciente en temas de comisiones interventoras simple y sencillamente no han dejado buenos precedentes”, dijo el abogado constitucionalista Oliver Erazo.
Para Erazo, las comisiones del Inprema y el 911 no han dado buenos resultados. “Lo que se ocupa son instituciones fuertes y fortalecidas y eso requiere nombrar en propiedad a los titulares de las instituciones”, dijo.
Kenneth Madrid, analista en temas de seguridad, indicó que hay preocupaciones sobre la falta de transparencia; agregó que se han recibido muchas denuncias de grupos de derechos humanos sobre la falta de información adecuada para evaluar la situación dentro de las cárceles y las presuntas violaciones de derechos humanos hacia los reclusos.
Sin resultados comisión de tierras
En junio del 2023 se creó la comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, cuyo objetivo es resolver los conflictos de invasiones de tierra en las zonas rurales del país; lamentablemente a más de un año los resultados son nulos.
De acuerdo a la empresa privada, a pesar de las distintas reuniones que tiene los que integran la comisión, los avances no son visibles, al contrario, las invasiones se han triplicado.
Olvin Mondragón, asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), desconoce las acciones de la comisión nombrada por la Presidencia para solucionar la crisis de las invasiones.
El analista José Antonio Martínez espera que la comisión del Instituto de la Propiedad no solo se quede en informes, sino que presente los documentos al Ministerio Público para que se libren los requerimientos fiscales en caso de que se encuentren irregularidades.
“De lo contrario, esta nueva comisión interventora del IP, sería solo una comisión más, que solo va a devengar salarios sin resultados y en perjuicio de la economía del país”.
