El inspector general de la Secretaría de Seguridad, comisionado César Augusto Somoza, compareció ayer ante el Ministerio Público con el fin de rendir formal declaración en torno al asesinato de dos universitarios.
El comisionado fue citado por la Fiscalía de Derechos Humanos para que respondiera a preguntas en la investigación que se sigue contra varios oficiales por revelar públicamente el nombre de cuatro policías vinculados al crimen de los universitarios Rafael Vargas y Carlos Pineda.
Precisamente, esta Fiscalía investiga la responsabilidad penal por el delito de revelación de secretos en que habrían incurrido oficiales de policía al mencionar públicamente los nombres del subinspector Carlos Geovanny Galeas y los agentes de escala básica Santos Arnulfo Padilla, Wilfredo Figueroa Velásquez y José Rubén Pozo, antes de que fueran acusados en los tribunales.
A juicio de la Fiscalía, el revelar sus nombres posibilitó que los policías se fugaran.
Somoza llegó puntual a la cita, antes de las 8:00 de la mañana, dos horas más tarde salió de la diligencia.
“Vengo a cumplir con mi obligación ciudadana, me presenté al Ministerio Público ante una citación que se me hizo, ya les di mi declaración y serán ellos (los fiscales) los que les van a dar a ustedes cualquier otra información al respecto”, dijo.
Somoza respondió al pliego de preguntas formuladas por fiscales de Derechos Humanos, que abonarán para desvanecer algunas dudas sobre este caso.
“Efectivamente, nuestra obligación ciudadana es colaborar con ellos (los fiscales) en las investigaciones que realizan; desde ese plano y perspectiva hemos cumplido con este requisito”, expresó.
Prefirió no referirse a por qué razón fue llamado por los fiscales, justificando que hay investigaciones en curso y que cualquier cosa que dijera podría trastocar el trabajo que, según sus valoración, conduce
de forma profesional el Ministerio Público.
La Fiscalía de Derechos Humanos está en la recta final de esta investigación.
