La empresa privada le solicitó al gobierno de Porfirio Lobo Sosa políticas reales para resolver el problema de invasiones en el Aguán.
Fernando García Merino, director ejecutivo de la Andi (Asociación Nacional de Industriales), dijo que es preocupante la situación que revivió en el Bajo Aguán, donde desde hace dos años y medio el sector privado está sufriendo invasiones y no se mira que el Estado tenga ningún tipo de reacción.
“Hay una estrategia política que no tiene nada que ver con el tema agrario, con el derecho a la tierra y con los campesinos. Esto es un asunto eminentemente político de grupos que quieren desestabilizar al país”, afirmó. Estos grupos, según el ejecutivo de la Andi, “quieren que haya anarquía y caos en el país”.
Pidió que se respete la ley, que se les devuelvan las tierras a sus propietarios y que se proceda ante las personas que están cometiendo este tipo de acciones.
Añadió que se deben buscar mecanismos para ayudar a los campesinos que verdaderamente necesitan su parcela de tierra y buscar financiamiento para apoyarlos, pero no invadiendo la propiedad privada.
Recrudece violencia
Los campesinos del Aguán dijeron ayer que la declaratoria de una zona especial, como parte de una política de seguridad nacional, no resolvería el conflicto que cada vez se torna más violento con la muerte de otro campesino al que le cortaron la oreja como medio de prueba de que la acción se ejecutó.
Vitalino Álvarez, portavoz del Muca (Movimiento Unificado Campesino del Aguán), dijo que el campesino encontrado muerto se llamaba Israel García (32), ultimado de varios balazos y hallado en la finca Los Laureles, recién invadida al productor Miguel Facussé.
Una característica de este suceso es que los sicarios le cortaron la oreja al labriego y se la llevaron. Según el portavoz del Muca, probablemente se la cortaron para llevársela como muestra a los autores intelectuales.
De esta forma, la violencia en el Aguán continúa bajo un manto de impunidad. Más de 60 personas han muerto desde diciembre de 2009, incluyendo campesinos, guardias, militares, policías, jueces, empleados de la Corporación Dinant y personas inocentes.
Fiscalía investigará
La Fiscalía no ha hecho ningún requerimiento contra nadie supuestamente responsable de estos hechos sangrientos.
Sin embargo, sobre la denuncia expuesta por el presidente Porfirio Lobo Sosa y el alcalde capitalino Ricardo Álvarez, respecto a la presencia de grupos armados en el Aguán, que daría lugar a una lucha ideológica y no agraria, la Fiscalía de Derechos Humanos intervino para investigar.
Se espera que los cuerpos de inteligencia de la Policía y el Ejército hagan llegar informes a la Fiscalía General para generar una acción penal, que es lo que procede, dijo German Enamorado, fiscal especial de Derechos Humanos.
Por tanto explicó que se obliga procesar el caso con el sustento suficiente, con datos concretos, completando una investigación para recabar evidencias para determinar la procedencia de una acción penal contra estas personas.
“Si se infringe una ley en función de reclamar un derecho que no se posee también el sistema debe hacer lo suyo, de deducir responsabilidades”, expresó Enamorado.
En torno a que los campesinos porten AK-47 dijo: “No pueden solicitar una consideración al problema que ellos plantean o demandar un derecho infringiendo la ley”.
