Las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank de la Rue, no fueron tomadas en cuenta, según el anteproyecto de reforma de la Ley del Sector de Telecomunicaciones que fue presentado al Congreso Nacional.
La iniciativa iba a ser remitida al Poder Legislativo por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, quien prometió que el documento contendría las observaciones del experto internacional.
Pero sorpresivamente, el jueves por la noche, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Ricardo Cardona, se adelantó y entregó al secretario de Congreso, Rigoberto Chang Castillo, el anteproyecto.
Pineda lideraba, por instrucción del presidente Porfirio Lobo, el proceso de estructuración de la reforma legal.
La semana pasada, la ministra aseguró que, aunque estaba de acuerdo con la propuesta de anteproyecto, esperaría que el relator enviara sus observaciones para conocer si, según su criterio, había elementos que atentan contra la libertad de expresión.
Regulación
El proyecto de reformas de la Ley de Telecomunicaciones propone la creación de una comisión reguladora de contenidos que tendría la facultad de imponerles elevadas sanciones a operadores de radio y televisión e iniciar procesos de suspensión de concesiones.
El presidente de la República tendrá la facultad de suspender una concesión, según dictamen de esta comisión reguladora de contenidos.
Se califica como “falta muy grave”, según el anteproyecto, cuando un operador difunde información que genere una apología del odio racial o contra orientaciones sexuales, según el artículo 41 de documento.
La pena por esta infracción sería una multa de hasta el 5% de los ingresos brutos de la empresa mediática.
Luego, el artículo 43, numeral 3, dice que cuando haya reincidencia de una falta grave esta se sancionará con la suspensión de la concesión.
Aunque el Gobierno lo niega, el anteproyecto tiene el mecanismo confiscatorio de los equipos de transmisión, aspecto que tácitamente prohíbe la Constitución de la República.
Al entrar en vigencia las reformas, las frecuencias que hayan sido concedidas y no estén en uso serán suspendidas.
El Estado entregará frecuencias mediante proceso de licitación y quien gane el derecho a una señal que le haya sido quitada a un operador tendrá la obligación de adquirir sus equipos por el valor que corresponda.
Si no se llega a un acuerdo, el Estado podrá expropiar dichos bienes, redes y equipos siguiendo para ello lo prescrito por la Ley de Expropiación Forzosa, según el inciso C del artículo 46 del anteproyecto.
También se plantea que el espectro radioeléctrico se distribuya de la siguiente forma: 33% para los servicios comunitarios o 33% para servicios y 34% para el Estado.
La diputada liberal Waldina Paz dijo que la ministra Ana Pineda “de defensora de derechos humanos no tiene ni un pelo” porque ha impuesto su criterio en la elaboración de anteproyecto y no toma en cuenta las opiniones de representantes de medios.
La mayoría de diputados del Partido Nacional y de Unificación Democrática (UD) apoyarán las reformas.
Del Partido Nacional, solo el diputado Antonio Rivera Callejas ha adelantado que votará contra la pretendida reforma y posiblemente lo hagan otros que siempre han sido duros críticos de la administración Lobo Sosa. Del Partido Liberal hay un acuerdo entre el candidato presidencial Mauricio Villeda, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el jefe de la bancada, Yani Rosenthal, de oponerse.
