La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) informó este martes que apelará el fallo emitido por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio que ordenó el lunes devolver los bienes asegurados al exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura Zablah.
Luis Javier Santos, jefe de la Uferco, aseguró que “en la audiencia quedó acreditado como los fondos de la AMDC fueron utilizados para pago de tarjetas de crédito de familiares, entrega a activistas y otros asuntos personales, no obstante, no se tomó en cuenta dicha circunstancias”.
Asimismo, el titular de dicha unidad del Ministerio Público (MP) añadió que “tampoco se dio valor probatorio a los dictámenes que acreditan que las liquidaciones presentadas de dichos fondos eran falsas”.
La Fiscalía, mediante un comunicado, consideró que el fallo del juzgado de privación de dominio a favor del exjefe municipal capitalino “transgrede la ley y carece de valoración de la prueba en su conjunto”.
Los bienes que fueron asegurados en 2021 por la Uferco y que ahora, por decisión del juzgado serán devueltos a los imputados, son: dos lotes en residencial Lomas del Molino fase I propiedad de Nasry Asfura, una vivienda en residencial Prados Universitarios propiedad de la exregidora capitalina Nilvia Ethel Castillo Cruz.
Además, una casa en la residencial Zarahemla etapa II propiedad de Cinthia Elizabeth Borias Valenzuela, y una vivienda en la colonia Kennedy propiedad de Oscar Rolando Uriarte Romero, todo ello en Tegucigalpa; al tiempo que una vivienda y un lote en la aldea Las Flores, Teupasenti, El Paraíso, propiedad de Wilmer Gerardo Rodríguez López.
El MP recordó que la investigación está en curso por los mismos hechos del antejuicio que se promovió en el año 2020 en contra Asfura Zablah y Castillo Cruz, acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
El ente acusador los acusa por presuntamente desviar 28 millones de lempiras de las arcas de la comuna capitalina, los que supuestamente se utilizaron en beneficio personal y de terceros no relacionados con la municipalidad.