El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países centroamericanos que aplican las leyes más estrictas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), según una investigación del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) enviado este domingo a EFE.
El contenido de esas leyes es similar en esos tres países, “pues todas consisten en la combinación de restricciones financieras, monitoreo de los beneficiarios y donantes, obstáculos en el registro de las organizaciones, lenguaje ambiguo y la criminalización de las OSC y sus miembros, al igual que el poder de clausurar cualquiera de estas a voluntad”, puntualizó.
“Esto no es una casualidad, sino un síntoma del autoritarismo”, valoró la Cetcam, un centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, con sede en Costa Rica.
Sin embargo, Costa Rica, y Honduras tienen leyes menos estrictas. En Honduras, según el estudio, la situación es menos crítica debido al “limitado” poder político de la presidenta Xiomara Castro.
“Similarmente, aunque existen leyes que regulan las OSC más estrictamente que en Costa Rica, la ley del país es mucho menos invasiva que las de El Salvador, Guatemala y Nicaragua y al parecer no es una ambición de la actual presidenta (Castro) cambiar esto”, anotó el estudio.
En conclusión, la instrumentalización del aparato judicial y la adopción de leyes restrictivas son factores comunes que amenazan el derecho de asociación y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica, según la Cetcam, que abogó por que los gobiernos respeten y protejan “este derecho fundamental para garantizar una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”.