Los países del Triángulo Norte de Centroamérica experimentaron “retrocesos significativos” en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de la pandemia de la covid-19, según un informe de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) al que tuvo acceso este martes EFE.
El estudio, titulado “Ciudadanía Social y COVID-19”, revela “carencias históricas y retrocesos significativos” en el cumplimiento de estos derechos en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
La pobreza extrema aumentó en los tres países centroamericanos, ya que las transferencias monetarias en ninguna de las naciones fueron suficientes, señala el documento.
Además, hubo “ausencia de disposiciones para asegurar la igualdad y no discriminación y las acciones no fueron suficientes para dar prioridad a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad”, destaca.
La pobreza extrema aumentó en “hasta seis puntos porcentuales” en los tres países tras la pandemia y la recuperación será “complicada”, dijo Carolina Quinteros, una de las autoras de la investigación.
AUMENTÓ VIOLENCIA DE GÉNERO
La pandemia provocó también una reducción en la atención de otras enfermedades y necesidades sanitarias, y un aumento en la violencia de género, señaló.
Durante la crisis sanitaria se reportó una reducción del 25 % en la atención de salud reproductiva, mientras que los embarazos de niñas entre 10 y 14 años aumentaron en más del 70 %, afirmó Quinteros.
“Haber encerrado a las niñas y las mujeres con sus agresores tuvo un costo muy grande”, ya que durante los primeros meses del confinamiento por la pandemia se reportaron “más feminicidios que muertes por covid-19”, subrayó la experta.
La pandemia también causó en el Norte de Centroamérica “un grave deterioro” en el sistema educativo, ya que los indicadores de aprendizaje retrocedieron “a los existentes en la década de los años 60”, y la recuperación “no va a ser tan sencilla”, destacó Quinteros.
La niñez y adolescencia hondureña perdió “en aprendizaje el equivalente a un año escolar, mientras que en Guatemala y El Salvador un promedio de 1,2 años”, destaca el informe.
El Triángulo Norte ha asignado entre el 15 % y el 21 % de sus presupuestos anuales a educación, pero los tres países están “lejos de cumplir con estándares de asignación presupuestaria recomendados que suelen colocarse en el 6 % del PIB”, señala el estudio.
CRECE CORRUPCIÓN Y DISMINUYE TRANSPARENCIA
La pandemia no evitó que la corrupción siguiera ganando terreno en el norte centroamericano, donde se reportaron compras sobrevaloradas, repartos irregulares de ayudas y falta de transparencia, según el documento de la PADF.
Los Estados registraron “un déficit” en materia de transparencia, pues en las tres naciones “la corrupción fue denunciada en múltiples escenarios, hubo casos realmente escandalosos de cómo se apropiaron de los bienes públicos”, precisó Quinteros.
Los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como el de participación en el cumplimiento del derecho a la educación, corrieron la misma suerte que el derecho a la salud y la lucha contra la pobreza, “un franco retroceso”, destaca el informe.
“Hay que mencionar que ninguna de las regulaciones para el uso de fondos públicos en el marco de la pandemia estuvo enfocada en procurar la cobertura efectiva del derecho a la salud y la educación”, resalta.
Tatiana Marroquín, otra de las autoras del estudio, dijo a EFE que “no es posible” que los Estados combatan la pobreza con políticas públicas si no tienen una “apuesta financiera sustantiva”.
Los esfuerzos de los países durante la emergencia “estuvieron mucho más enfocados en la respuesta económica que en materia de salud y educación”, señaló.
A los tres países centroamericanos, según Marroquín, “les tomará tiempo” superar esos retrocesos debido a sus “limitantes financieras”.
Los gobiernos del norte de Centroamérica deben promover acciones orientadas a evitar un aumento de las brechas de desigualdad ya existentes y generar un sistema de protección social con políticas públicas de calidad y sostenibles.
