El Estado de Honduras reconoció hoy su responsabilidad en el asesinato de dos menores perpetrado hace 13 años supuestamente por policías, crimen por el cual indemnizará a los familiares de las víctimas y el presidente Porfirio Lobo pedirá perdón, informaron fuentes oficiales.
La Procuraduría General de la República, PGR, oficina legal del Estado, firmó hoy en la Casa Presidencial un acuerdo de solución amistosa con la organización no gubernamental protectora de los niños Casa Alianza y con las familias de los dos menores.
El hecho ocurrió el 11 de enero de 1998 en la ciudad norteña de El Progreso, donde los niños Oscar Daniel Medina Cortés y José Luis Hernández Márquez fueron asesinados a tiros supuestamente por miembros de la Policía, según un comunicado de la Presidencia hondureña.
La procuradora general, Ethel Deras, lamentó que 'sea hasta hoy que el Estado de Honduras reconozca que hubo deficiencias en la investigación para esclarecer los hechos ocurridos el 11 de enero de 1998'.
Deras recalcó, según el comunicado, que 'al Estado no le queda más que asumir la responsabilidad que deriva de la violación o transgresión de derechos humanos'.
El ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid, dijo a periodistas que mediante el acuerdo el Estado reconoce 'el hecho de no haber podido dar con la identidad de los asesinos de estos dos menores' y se compromete a indemnizar con unos 105.000 dólares a cada familia.
Madrid explicó que por este caso 'hubo una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos' y que con el acuerdo se evita llegar a 'un juicio donde podía haber una sentencia condenatoria' contra el Estado hondureño.
La procuradora Deras añadió que el acuerdo también supone el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Honduras es suscriptor, y un instrumento para 'compensar o reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas inocentes'.
El director en Honduras de Casa Alianza, José Manuel Capellín, calificó el acuerdo de 'hito histórico' y elogió el 'esfuerzo y compromiso del Gobierno' de Lobo en este caso.
El comunicado detalló que el acuerdo también incluye la remodelación de la Plaza del Niño de El Progreso, donde los menores fueron secuestrados antes de ser ultimados, y la colocación en ese lugar de una placa alusiva a la paz y la no violencia contra niños y jóvenes.
Además, el Estado se compromete a fortalecer la Unidad de Muertes de la Niñez del Ministerio Público.
'Posteriormente, y en un acto público, el presidente Porfirio Lobo Sosa pedirá perdón a las familias de los fallecidos', anunció, sin adelantar la fecha. EFE
