El polémico nombramiento del Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público fue publicado en la tarde de este miércoles en el Diario Oficial La Gaceta.
La publicacón en La Gaceta argumenta que la comisión permanente del Congreso Nacional nombró al fiscal general Johel Zelaya y al fiscal Adjunto Mario Morazán en el uso de sus atribuciones que le otorga el artículo 208 en el numeral 11 de la Constitución de la República y 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
“El fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público estarán de manera interina hasta que el pleno del Congreso Nacional elija a los funcionarios en propiedad en tales cargos en la forma prevista del artículo 233 de la Constitución de la República”, dice la publicación.
La resolución entró en vigencia a partir de la fecha, debiendo los funcionarios electos interinamente ser debidamente juramentados.
Presunta ilegalidad
La Comisión Permanente del Parlamento de Honduras designó este miércoles al nuevo fiscal general del Estado y fiscal general adjunto, entre denuncias de la oposición y otros sectores que afirman una presunta ilegalidad.
Como nuevo fiscal general fue designado Johel Zelaya, y como adjunto Mario Morazán, ambos de manera interina, según el presidente del Legislativo, Luis Redondo.
Los dos nuevos fiscales debieron haber asumido el pasado 1 de septiembre, pero no fue posible por la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas del Parlamento, en el que el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) solo cuenta con 52 votos de los 86 que se requieren como mayoría calificada.
Mientras que las tres principales fuerzas de oposición, los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, juntos suman 72, de los 128 diputados que integran el Legislativo.
Las sesiones ordinarias en el Parlamento se suspendieron desde el 31 de agosto, pero el presidente del Parlamento ayer nombró una Comisión Permanente para que pueda continuar con las sesiones ordinarias desde el 1 de noviembre al 24 de enero de 2024, tras un incidente violento en el exterior de ese poder del Estado, que dejó varios lesionados.
Denuncia y rechazo
Los disturbios se dieron ante el rechazo de las fuerzas de oposición a las acciones del titular del Parlamento y tras ello, los 72 diputados opositores se autoconvocaron en una sesión para ampliar el período de sesiones ordinarias, debido a que el período oficial había finalizado.
Ambas partes no reconocen lo hecho por cada una, mientras crecen las peticiones de diversos sectores, incluida la comunidad internacional, exigiendo a los diputados que busquen mediante el diálogo elegir a los dos nuevos fiscales.
La embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, dijo ayer que observan “con preocupación la violencia que ha surgido en el Congreso Nacional” y que confían “en que los partidos políticos puedan reducir la tensión, prevenir actos violentos y garantizar la seguridad de todos”.
El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, se sumó hoy al mensaje de Dogu, al hacer “un llamando a la calma y el diálogo ante los desafíos que se presentan en Honduras.
La violencia no tiene lugar en una democracia” y también instó a que se “elija a un Fiscal General y Adjunto, con los 86 votos requeridos”.
Analistas consideran que hay ilegalidad en las elección de los dos nuevos fiscales, porque como fiscal general interino venía ejerciendo Daniel Sibrián, quien era el adjunto hasta el 31 de agosto, pero el titular del Parlamento nunca lo reconoció.
El exfiscal general del Estado Óscar Chinchilla, viajó a inicios de septiembre a Nicaragua para asumir como nuevo magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, que integran ese país, El Salvador y Honduras. EFE
