Tegucigalpa
Al margen de la ley, Rebeca Ráquel, presidenta del Poder Judicial, separó del cargo y trasladó a otro puesto a una magistrada de la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente.
Se trata de la magistrada Yessenia Julissa Aguilar Santos, quien se desempeñaba como miembro de esa Corte, judicatura que el pasado 15 de noviembre determinó por mayoría de votos remitir a la Corte Suprema de Justicia el requerimiento fiscal contra Nasry Asfura, exalcalde de la capital, y siete personas más.
Esta situación abre el debate, si la acción de Ráquel es un hecho con tintes políticos, por el hecho de que Aguilar Santos haya votado a favor en el caso de Asfura para que sea conocido por un juez natural de la Corte y no por el juzgado de Criminalidad Organizada.
En reemplazo de Julissa Aguilar, la titular del Poder Judicial nombró al magistrado Adán Guillermo López Lone, quien venía fungiendo en la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán.
Julissa Aguilar integró la Junta Nominadora encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados para la Corte que tomó posesión en febrero de 2023. Es preciso por esa función desempeñada por Aguilar que hay una prohibición legal para que fuera removida de su cargo, según manda la Ley de la Carrera Judicial.
López Lone es el cuñado de Sonia Marlina Dubón Villeda, magistrada de la Sala Constitucional, y esposo de la magistrada Tirza Flores Lanza, ambas funcionarias ligadas al Partido Libertad y Refundación (Libre).
El hecho de que López sea magistrado en propiedad le da la potestad de presidir la Corte de Apelaciones de Criminalidad Organizada y ordenar la integración de magistrados.
