El Partido Salvador de Honduras (PSH) se pronunció este miércoles en relación con la presunta intención del partido Libertad y Refundación (Libre) de declarar emergencia en el Ministerio Público (MP).
En una reunión de bancada, el PSH acordó rechazar la propuesta del presidente del Congreso Nacional para elegir o nombrar una junta de transición, que dirija y administre el Ministerio Público hasta que se elija el fiscal general y adjunto.
El PSH consideró que sería un “penoso mensaje para la ONU” que se adopte dicha decisión “ilegal”, en el marco de las negociaciones que el Estado de Honduras encamina para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicih).
Esa pretensión, según el partido opositor, “es una clara violación a la Constitución y la ley del Ministerio Público, que en nada contribuye a la lucha contra la corrupción, sino que, por el contrario, su claro objetivo es politizar al ente acusador en Honduras al intervenirlo ilegalmente”.
“No eludiremos de ninguna forma la responsabilidad, que como parte del Congreso Nacional, tenemos para elegir al fiscal general y fiscal general Adjunto”, manifestó la entidad política.
REUNIONES Y AUTOCONVOCATORIA A SESIONES
Por otro lado, cuestionaron la paralización de la actividad legislativa y acusaron a la Junta Directiva por la no realización de las sesiones. Indicaron estar listos para autoconvocar a una sesión extraordinaria, amparándose en el artículo 190 de la Constitución.
Además, en el escrito, el PSH reveló que en las próximas horas se reunirán con las bancadas del Partido Liberal, Partido Nacional y otros diputados con la intención de reactivar las sesiones tras 48 días de inactividad.
“Condenamos cualquier intento de disolver el Congreso Nacional “para buscar instalar una Asamblea Nacional Constituyente, sin haberle consultado al pueblo mediante el correspondiente plebiscito”, señalaron.
Finalmente, aseguraron que defenderán la Constitución desde su trinchera política en el Poder Legislativo, mediante la utilización de todas las herramientas legales que la propia Carta Magna y las leyes de la República proveen.
