La eliminación de cerca de 2,000 plazas administrativas en centros educativos encendió las alarmas entre las organizaciones magisteriales, que amenazaron con convocar protestas a nivel nacional si el Gobierno no revierte los despidos.
Entre los trabajadores separados se encuentran aseadoras, vigilantes, conserjes y personal administrativo contratado bajo el régimen de Servicio Civil, cuyas funciones son consideradas indispensables para garantizar la seguridad, limpieza y atención diaria en las escuelas y colegios.
Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), aseguró que la medida está debilitando la estructura operativa del sistema educativo, pese a que los afectados no desempeñan labores docentes.
“Están desmantelando toda la estructura de los centros educativos y eso no es correcto en un país donde debe prevalecer el diálogo con las autoridades educativas”, manifestó el dirigente.
Hernández advirtió que la salida de este personal obligaría a los docentes y directores a asumir responsabilidades que no les corresponden, desde controlar el ingreso de personas hasta atender labores administrativas y de mantenimiento.
“Un profesor no puede estar al mismo tiempo dando clases y cuidando el portón o la seguridad del centro educativo”, expresó.
El dirigente señaló que la falta de trabajadores operativos está dejando a numerosos centros sin capacidad para atender adecuadamente tareas de vigilancia, limpieza, logística, gestión de documentos y atención a estudiantes y padres de familia.
Aunque los centros educativos permanecen cerrados esta semana por el receso escolar, las organizaciones magisteriales no descartan retomar las protestas cuando se reanuden las clases.
La federación magisterial anunció que sostendrá una reunión de emergencia para evaluar el impacto de los despidos y definir las acciones que adoptará, entre ellas posibles movilizaciones simultáneas en diferentes regiones del país.
Hernández hizo un llamado a la titular de la Secretaría de Educación para que abra un proceso de diálogo con los sindicatos, las organizaciones magisteriales y las autoridades del Ejecutivo antes de que el conflicto se profundice.
“Le hago un llamado a la ministra para que busque el mecanismo para que hable con el presidente de la República y con quien corresponda para que podamos encontrar una salida a esto”, afirmó.
El dirigente sostuvo que la situación podría salirse de control debido al impacto que tendrá la falta de personal en el funcionamiento cotidiano de los centros educativos.
“Esto se nos va a ir de las manos y ya no va a ser por culpa de nosotros ni de los profesores, sino porque están dejando los centros educativos sin personal que administre la parte operativa”, agregó.
Las organizaciones magisteriales también cuestionaron que entre los despedidos figuren trabajadores que estaban próximos a jubilarse y a quienes únicamente les faltaban algunos meses para completar su vida laboral.
El sector calificó estos casos como injustos y solicitó que las autoridades revisen cada cancelación antes de ejecutar nuevas separaciones o adoptar decisiones que puedan afectar la continuidad del año escolar.
