Varios jueces de los Tribunales ceibeños y del resto del litoral atlántico están en el ojo del huracán por diferentes denuncias que piden intervención.
El juez José Carranza Canales, asignado a los Juzgados de Letras de lo Civil de La Ceiba, Atlántida, fue denunciado a mediados de agosto ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Tegucigalpa por supuestas irregularidades en la resolución tardía y porque ha venido posponiendo una audiencia sobre la propiedad privada del muelle de Cabotaje, un caso donde ya existe una resolución apegada a derecho del Poder Judicial.
También el Ministerio Público presentó el lunes 9 de septiembre un requerimiento fiscal en contra de tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos dos ceibeños.
El requerimiento por prevaricato judicial fue presentado en contra de los jueces Reinaldo Antonio Hernández, el exjuez Wilfredo Méndez Romero y la actual juez Rina Auxiliadora Alvarado, estos dos últimos ceibeños.
Según las denuncias los exmagistrados emitieron “una resolución ilegal” que absolvió a dos instituciones bancarias de Honduras, evitando que pagaran más de 159 millones de dólares por una demanda, a pesar de que la Sala de lo Civil ya no tenía competencia para conocer el caso.
Mientras que la juez Rina Auxiliadora Alvarado enfrenta acusaciones por prevaricato administrativo y omisión del deber de perseguir delitos en el caso del exfiscal Luis Fernando Triminio, quien se encuentra prófugo de la justicia.
La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer había presentado un requerimiento fiscal contra Triminio el 25 de marzo, cuando este era fiscal auxiliar en el Centro Integrado (CEIN) de La Ceiba, por una violación agravada de una joven que se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía tras ser detenida por un caso de tráfico de drogas.
El fiscal Triminio se encuentra prófugo y se denunció que presentaron tardía la orden de captura para darle tiempo que escapara.
En cuanto al caso del juez José Carranza Canales de los Tribunales ceibeños, Jonathan Romero apoderado legal de la empresa Dream Ferries, denunció que dicho juez ha venido posponiendo la audiencia oficializada a las partes desde el 7 de agosto, pero por razones desconocidas no ha resuelto, sobre un predio ubicado aledaño al muelle de cabotaje de La Ceiba en la Barra del Río Cangrejal sector Boca Vieja lado oeste, inscrito bajo el asiento 89 del tomo 658, ocupado en la actualidad por la empresa Galaxi Wave ilegalmente, según Romero.
“Hemos interpuesto una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el juez José Carranza por actos irregulares, atraso de la justicia y abuso de autoridad por una propiedad privada al lado del muelle de cabotaje de La Ceiba”, dijo Romero.
“Este inmueble había estado en litigio y se reinvindicó el bien a los que siempre fueron los dueños. Luego se puso a la venta el Galaxy lo quiso comprar, pero Dream Ferries lo compró, ahora el Galaxy no quiere desalojar. Este juez está valorando un contrato vencido hace más de diez años que no fue suscrito con el verdadero dueño. Estamos pidiendo que ese juzgado de La Ceiba sea intervenido así como otros en el país han sido intervenidos”, agregó Romero.
El caso se encuentra bajo lo que se conoce como una “no contractilidad”, por lo cual los demandantes y documentos presentados ante los tribunales de Justicia, la Corte emitió un fallo resolutivo al respecto.
En el resto de juzgados de litoral Atlántico, como en Roatán, Trujillo, Tocoa y Olanchito, también se han conocido denuncias contra jueces y otros empleados del Poder Judicial, por abuso de autoridad y actos reñidos con la ley. La misma viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, se trasladó a los tribunales de Roatán y constató dichas denuncias.
Mientras que del Tribunal de Sentencias de Trujillo, Colón, el bufete Estudios para la Dignidad presentó ante el Ministerio Público una denuncia en contra del juez Ricardo Geovanny Rodríguez Barahona por prevaricato.
Rodríguez Barahona fue el juez encargado de dictar fallo condenatorio por el delito de usurpación en contra de Jeremías Cruz, integrante de la cooperativa campesina “Gregorio Chávez”, el pasado 5 de mayo de 2023.
En lo que va de 2024 se han recibido 35 denuncias contra jueces por actos irregulares y abuso de autoridad. En el 2023 se recibieron 43 denuncias.
Los últimos cinco años suman 299 integrantes del Poder Judicial denunciados ante el Ministerio Público por diversos delitos. Por otro lado, se han emitido cinco requerimientos fiscales contra empleados de ese poder del Estado.
