Tribunales de Trujillo y Roatán, bajo intervención de la CSJ por abuso de autoridad
Un equipo de cinco inspectores de la Supervisión General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se desplazó a estos municipios para investigar a jueces y personal auxiliar
Foto: Foto: Archivo/La Prensa
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) intervino el miércoles ambos tribunales tras numerosas denuncias.
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Tegucigalpa.-
Por denuncias de abuso de autoridad, violaciones al debido proceso y retrasos en la emisión de resoluciones, un equipo especializado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) intervino desde el miércoles los tribunales de Trujillo, en Colón, y Roatán, en Islas de la Bahía.
Así lo informó la supervisora general de la CSJ, Sandra Rodríguez, quien detalló que se han recibido al menos 650 quejas a nivel nacional desde que se habilitó la línea de denuncias 3171-0029 en la Supervisión General del Poder Judicial.
En Roatán y Trujillo, se han recibido 11 denuncias contra jueces, principalmente relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Los casos estarían relacionados a corrupción y crimen organizado, conoció de manera extraoficial este medio.
Actualmente, estas denuncias están en proceso de análisis para determinar su admisibilidad. Una vez completado este proceso, serán remitidas a las instancias correspondientes, tanto internas como externas.
”Una vez finalizada la investigación corresponde al juez de letras y jueces de sentencia de las jurisdicciones en mención en las que aparentemente hubo abuso de autoridad e inobservancias al debido proceso”, expresó Rodríguez.
Señaló que las denuncias provienen principalmente de ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, aunque también se reportaron casos alarmantes en zonas vulnerables, lo que llevó a priorizar la intervención en estos municipios.
Acciones
Un equipo conformado por cinco inspectores se movilizó a cada una de las ciudades en mención para la respectiva intervención, que se realiza un día después de que saliera a la luz un escándalo que involucra a altos funcionarios del Poder Judicial en actos irregulares.
”Se investiga a jueces y también a personal auxiliar, recuerde que la justicia no tiene color y nos debemos a cada una de las víctimas y de los imputados. Debemos verificar que se les haya garantizado a ellos el debido proceso y por eso estamos revisando cada una de las causas”, expresó la funcionaria.
Las autoridades informaron que la fase de la intervención se comenzará a desarrollar en la investigación individualizada y el viernes se brindarán los primeros resultados, mientras que cada semana habrá reportes sobre cada uno de los hallazgos.
Hasta diciembre de 2023, Honduras contaba con un total de 883 jueces y magistrados distribuidos en los 18 departamentos del país. En el departamento de Islas de la Bahía, se contabilizan 12 funcionarios: 4 en el Juzgado de Sentencia, 3 en el Juzgado de Letras y 5 en el Juzgado de Paz. Sin embargo, no se reportaron magistrados ni jueces de Ejecución en esta región.
En el departamento de Colón, se da cuenta de 19 jueces y magistrados, distribuidos de la siguiente manera: 3 jueces de Sentencia, 5 de Letras, 1 de Ejecución y 10 jueces de Paz. No hubo registro de magistrados en ejercicio durante este período.
Esto significa que más de 31 jueces están siendo investigados en estas dos regiones.
Hasta diciembre de 2023, los datos reflejan un total de 13,151 resoluciones emitidas en el Juzgado de Letras de lo Penal a nivel nacional. De estas, 275 correspondieron a ingresos en Trujillo, Colón, pero solo se emitieron 173 resoluciones.
En Roatán, Islas de la Bahía, se registraron 117 ingresos y 179 resoluciones.
Por su parte, el Tribunal de Sentencia de Trujillo reportó 34 ingresos y emitió 74 resoluciones, mientras que en Roatán hubo 93 ingresos y solo 47 resoluciones.
La discrepancia entre el número de ingresos y resoluciones se debe a la acumulación de casos de años anteriores en los tribunales, aunque las resoluciones emitidas corresponden al año en curso.
Reacciones
LA PRENSA Premium conversó con varios jueces y personal auxiliar de los tribunales de Trujillo, Colón, y Roatán, en Islas de la Bahía, para conocer sus opiniones sobre la intervención que se está realizando en estos municipios.
Muchos de los funcionarios, quienes prefirieron mantener el anonimato, expresaron que era necesario que las autoridades finalmente actuaran en estas localidades, que a menudo son olvidadas y se convierten en focos de irregularidades.
”Tenemos la esperanza de que esta intervención sirva para limpiar toda la corrupción, porque créame, aquí también hay personas que ejercen su labor con verdadero profesionalismo”, comentó una fuente.
Por otro lado, algunos jueces consultados afirmaron no estar al tanto de la intervención, la cual les tomó por sorpresa cuando se enteraron la mañana del miércoles a través de los medios de comunicación.
Otros señalaron que se trataría de una intervención “de rutina” orientada a tramitar denuncias y garantizar la supervisión judicial requerida para asegurar una administración de justicia oportuna y eficaz.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Raúl Chávez, valoró que este tipo de intervenciones son necesarias para depurar a funcionarios involucrados en actos de corrupción o que incumplen con sus obligaciones, así como para incentivar a aquellos que se destacan por su desempeño.
Sin embargo, advirtió sobre los riesgos asociados a estas supervisiones, especialmente en lo que respecta a la independencia judicial. Para él, es crucial que exista una clara delimitación entre los criterios jurídicos que se exponen en las resoluciones judiciales y las cuestiones administrativas que son objeto de supervisión.
“Los riesgos que pueden existir respecto a estas supervisiones es que no exista una delimitación clara entre lo referente a criterios jurídicos expuestos en una resolución judicial y cuestiones administrativas”, señaló.
Además, subrayó que la supervisión debe enfocarse en aspectos disciplinarios y administrativos, como el cumplimiento de jornadas laborales y deberes esenciales, dejando los criterios jurídicos para los recursos correspondientes.
Chávez también destacó la importancia de respetar el debido proceso durante la investigación de posibles faltas, considerando que a veces los inspectores no distinguen adecuadamente entre las funciones administrativas y las decisiones jurídicas.