Funcionarios cambiaron su discurso tras la denuncia de amenazas que emitió Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).Una de las burócratas que mostró otra postura fue la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, pues el 18 de junio dijo que “parece que obedece a una agenda predeterminada”.
Sin embargo, Roque estuvo ayer en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Ministerio Público para documentarse de la denuncia e indagar los hechos, afirmó la funcionaria.
“Las diligencias continúan, la abogada Gabriela Castellanos, el gobierno y todo el Ejecutivo están comprometidos con la defensa de los derechos humanos, por esa razón, estoy dando seguimiento al caso ante todos los entes competentes para que se proceda a actuar con diligencia”, dijo la ministra.
La titular del CNA, quien está fuera del país, señaló al entorno del gobierno por las amenazas que iniciaron luego del informe de nepotismo en la administración de Xiomara Castro.
“Las amenazas son debido a las denuncias de corrupción y nepotismo que hemos hecho contra el gobierno”, aseveró.
Piden renuncia
Uno de los comentarios del gobierno que no gustó a la familia presidencial fue el del ministro de Planificación, Ricardo Salgado, al considerar que la denuncia es una “es una estrategia de la Embajada Americana”.
José Manuel Zelaya, hijo menor de la familia presidencial, sentenció que “es lamentable las aseveraciones dadas por el funcionario, carecen de fundamento y evidencia. Para un secretario de Estado hablar sin pruebas e interferir en la política exterior de un país cuando no le corresponde, debería ser causal suficiente para su despido”.
