Tegucigalpa
Sectores sugieren que la investigación de irregularidades cometidas desde gestiones pasadas del Congreso Nacional debe extenderse también a la actual administración, debido a la entrega de millonarios fondos a los diputados sin haber una ley que lo respalde.
El lunes, Luis Redondo, titular del Poder Legislativo, entregó al Ministerio Público 22 cajas de documentación supuestamente vinculada a actos de corrupción que datan desde 2009 hasta 2020.
En la sociedad civil ven bien el proceso de investigación; sin embargo, también recomiendan a la Fiscalía impartir justicia de manera pareja.
“A mí me parece que el fiscal (Johel) Zelaya y el fiscal (Luis Javier) Santos están haciendo un buen trabajo en esa materia. No obstante, me parece que en la actualidad también se siguen usando fondos, y esta vez de manera más ilegal, porque se derogó el fondo departamental”, recordó el analista Luis León.
Recordó que “no existe una normativa que dé vía libre para que los diputados sigan utilizando fondos públicos en acciones político-partidarias. En ese sentido, creo que los fiscales tienen que evaluar lo que está pasando en la actualidad”.
Mario Pérez, diputado del Partido Nacional, no descarta que este proceso de entrega de documentos pueda ser una “medida de presión” para que la oposición apoye las distintas leyes, como el presupuesto o la Ley Tributaria. “Estos son documentos públicos que los debe conocer cualquier autoridad, y eso no debe causarle miedo a nadie. Lo que sorprende es la segmentación de los años”, señaló.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, detalló: “Una vez que se recibieron (las cajas), los fiscales hicieron un acta de recepción, revisando el contenido de cada una de las cajas para poder plasmarlo en un acta”.
Mora explicó que esa documentación “es parte de las solicitudes que se hicieron al presidente del Congreso Nacional y que tiene que ver con los avances de varias líneas de investigación que se están llevando a cabo”. Estas investigaciones están siendo ejecutadas por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública.
