El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció en la Fiscalía a la exdirectora del Programa de Asignación Familiar (Praf) Marielena Zepeda y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad por la adjudicación de contratos “fraccionados y sobrevalorados” a dos empresas y una oenegé.
En la denuncia se consigna que los comités de evaluación del Praf “favorecieron a las tres sociedades en proceso de compras directas, es decir sin licitación, a las que la institución les pagó L75 millones por 421 contratos”, de los cuales el Estado perdió L27 millones por sobrevaloración, señala el CNA.
Estas adquisiciones, efectuadas para dar capacitaciones a jóvenes y mujeres en 16 departamentos se hicieron en el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
El CNA denunció a los miembros de dos comités de adjudicación que el Praf conformó para invitar a tres oferentes por cada proceso y recomendar quiénes debían de ganar cada adquisición. Fue así que, en primera instancia, fueron denunciados los integrantes del comité que favorecieron a la empresa Servicios de Mercadeo Diversos (SDM), que recibió L43 millones por 243 contratos, indica la denuncia en el Ministerio Público.
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millones de lempiras perdió el Praf por la sobrevaloración de los 241 contratos que se firmaron entre 2011 y 2014.
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Por haber sido parte de estas contrataciones de las dos instituciones fueron denunciados los integrantes del comité de adjudicación Ángel Paz Alvarenga (gerente administrativo), Raúl Enrique Salgado (coordinador Bono Juvenil), Marcela Laitano Barahona (coordinadora), Oscar Eduardo Lagos (asistente legal), Carlos Alberto Flores (auditor interno) y Sandra Elizabeth Solano (jefe de SEA).
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Abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios son los delitos por los cuales estos fueron denunciados, de acuerdo con los documentos.
Cuando se interpuso el escrito ante la Fiscalía, el CNA indicó que cuatro de estas personas todavía laboraban en el Praf, pero no precisó nombres. El Praf es una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social que se encarga de ejecutar proyectos para personas de escasos recursos o en riesgo social.
En la mayoría de los casos, no hay documentación soporte que pruebe que las capacitaciones se realizaron, aseveró el CNA.