Estados Unidos está “monitoreando de cerca” la crisis provocada por el oficialismo del Congreso Nacional en torno a la elección del fiscal general y fiscal adjunto.
Así lo expresó Phil Gordon, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos y asistente del presidente Joe Biden, quien instó a través de su red social X (antes Twitter) a los diputados del Congreso Nacional a “prestar atención a la voluntad del pueblo hondureño y proceder con una selección justa y transparente del nuevo Fiscal General”.
En su mensaje, Gordon afirmó que “seguimos monitoreando de cerca esta situación”, que según expertos en derecho se realizó sin ningún sustento legal, pero que ahonda la crisis: la oposición rechaza el nombramiento interino de Johel Zelaya (fiscal general) y Mario Morazán (fiscal adjunto), mientras el oficialismo se impone, sin siquiera sesionar para seguir el debido proceso, denunciaron diputados del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC).
La opinión del experto en seguridad fue replicado por la embajada de Estados Unidos en Honduras, que desde el martes a través de su representante, Laura Dogu, mostró preocupación por los actos violentos reportados en los bajos del Congreso, cuando la oposición autoconvocó a los parlamentarios para presionar al oficialismo y sesionar para elegir, de una vez por todas, a las autoridades del Ministerio Público.
Posteriormente, cuando se creó una Comisión Permanente para la elección del fiscal interino, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, lamentó que fuera una decisión de “una minoría” que socava la confianza en las instituciones del Estado.
Vigilantes Comunidad internacional
Usaid, la Unión Europea y hasta ONU mostraron su preocupación sobre lo que vive Honduras en torno a la elección del fiscal, instando al Congreso Nacional a respetar la ley.
Es claro que la preocupación en torno a la imposición del fiscal general y adjunto pasó fronteras, sobre todo porque la comunidad internacional considera que la elección de las autoridades del Ministerio Público, el máximo ente de investigación de Honduras, debe ser basada en la “voluntad del pueblo hondureño”.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que el proceso de selección de los titulares de la Fiscalía General de Honduras se ajuste “a los estándares internacionales”.
En una publicación en sus redes sociales, la CIDH dijo que los cargos de fiscal general y adjunto eran “cruciales para la investigación de delitos, la lucha contra la impunidad y vigencia de los derechos humanos”, por eso tenían que ser elegidos de acuerdo con la legislación nacional, siguiendo el debido proceso.
