El Congreso decretó un estado de alerta por tiempo indefinido en las 24 cárceles de Honduras luego que un tribunal sentenció a 740 años de prisión en conjunto a 22 militares y policías penitenciarios por participar en una matanza de 69 personas en una prisión estatal de la costa atlántica.
El asesinato masivo ocurrió el 5 de abril de 2003 por presuntas rencillas entre reos comunes y pandilleros, conocidos como 'mareros', en la granja penal de El porvenir, a unos 350 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Los informes oficiales señalaron que los mareros estaban molestos porque las autoridades les decomisaron poco antes numerosas armas y sospechaban que sus rivales habían alertado a la guardia.
'Disponemos de informaciones fidedignas que revelan posibles matanzas en esos centros de detención en protesta por el fallo de los tribunales', dijo a la AP el presidente de la Comisión de Seguridad de la legislatura, Rodolfo Zelaya.
El congresista presentó su iniciativa el miércoles en la noche, aprobada por unanimidad de los 128 diputados de cinco partidos políticos.
'Los reclusos en Honduras no son rehabilitados, no se preparan para una nueva vida productiva sino que perfeccionan sus habilidades delictivas y pulen sus mañas en las prisiones', subrayó Zelaya, del opositor Partido Nacional.
El estado de alerta consiste en aumentar la vigilancia en las cárceles para detectar anormalidades y mantener la policía y el ejército dispuestos a intervenir cuando se le requiera.
Los tres jueces penalistas de La Ceiba, a unos 350 kilómetros al norte de Tegucigalpa, absolvieron el miércoles a 12 de los encausados, aunque hasta el 17 de julio individualizarán las penas.
En el juicio habían sido acusadas 52 personas, pero una falleció y otras 17 huyen de la justicia y tienen órdenes de captura.
Entre los principales condenados figuran el comisionado de la policía Luis Beltrán Ramos y el inspector policial Salomón Solano.
El Porvenir, ubicada en La Ceiba, fue construida para albergar 240 reos, pero el día de la matanza habían 571 internos.
En la mayoría de los centros penales del país, con unos 12.000 reos, son frecuentes las fugas, amotinamientos, riñas y asesinatos por la escasa vigilancia, el hacinamiento y la falta de medidas de seguridad.
Unos 450 reclusos han muerto en los últimos siete años en sus celdas a manos de sus propios compañeros, en diversos casos.
En Honduras operan las peligrosas pandillas Mara Salvatrucha y Mara 18, con más de 20.000 afiliados.
Son usadas por el crimen organizado para matar por encargo, traficar personas y drogas, y realizar robos y asaltos a mano armada, de acuerdo con la policía.
Noticia del día
Hasta mil años de condena para autores de masacre
Un total de 21 personas fueron condenadas ayer en esta ciudad por el tribunal de sentencias y 12 recobraron su libertad tras el fallo que se dio a conocer públicamente por el juicio de la masacre de la granja penal de El Porvenir.
El juicio se llevó a cabo después de cinco años. Inició el pasado 31 de marzo, para concluir en esta etapa en una jornada de tres horas que sirvió para leer el veredicto.
Los acusados fueron identificados como jefes policiales, oficiales y reos comunes, que escucharon, con las manos sobre sus rostros, la lectura casi definitiva del caso.
La acusación
El Ministerio Público entabló varias acusaciones contra elementos policiales y reos comunes por suponerlos responsables de la muerte de 67 personas. Hubo abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y asesinatos en los hechos registrados el sábado cinco de abril de 2003 en el referido recinto penal.
'Hemos escuchado el fallo, que consideramos favorable. El Ministerio Público aportó las pruebas del caso y sólo falta que se individualicen las penas para tener un detalle total', dijo el coordinador de fiscales Adonai Padilla.
La Fiscalía había solicitado que los 12 liberados quedaran con medidas sustitutivas, pero el pleno del tribunal de sentencia desestimó la petición.
Culpables
El entonces director de los centros penales, Luis Beltrán Ramos, recibirá una pena de entre tres y siete años de prisión por abuso de autoridad, pues autorizó el traslado de 204 pandilleros de la Penitenciaría Nacional a otras cárceles del país sin que se declarara una emergencia.
Carlos Esteban Henríquez, ex jefe departamental de la Policía, junto a su guardia de seguridad, José Luis Rodríguez, fue condenado por violación de los deberes de los funcionarios; estarán en prisión entre 16 y 25 años y, por lógica, serán inhabilitados de sus funciones.
A Salomón de Jesús Solano, oficial de policía, por violación de los deberes de los funcionarios, se le impone penas de hasta 25 años y de 60 a 90 años por el asesinato en grado de coautor en contra de tres pandilleros.
La pena mayor será para diez rondines sentenciados por delitos consumados de asesinato mediante incendio en perjuicio de 21 pandilleros y dos personas más y por otros 37 pandilleros que murieron por arma blanca, 'se condena de 20 a 30 años por cada perjudicado, lo que da una cifra de 740 años mínimo y hasta 1,010 años máximo de prisión por los delitos', dijo el juez Thompson Pandy.
Uno de los 12 absueltos, Moisés Villafranca, lloró tras el fallo.
'Siempre confié en la libertad, no tuve nada que ver en eso', dijo Villafranca.
'Los elementos policiales que defendimos fueron condenados por aspectos administrativos, no por asesinatos', dijo el defensor Jonathan Varela, que espera una pena mínima para Carlos Esteban Henríquez.
Consecuencias
Afuera y dentro del Colegio de Abogados, donde se desarrolló el fallo, hubo una fuerte presencia policial para evitar problemas. Por primera vez se permitió el ingreso de medios de comunicación en un juicio de esta magnitud, el cual fue transmitido por el Canal 7 de La Ceiba.
Este próximo martes 17 de junio se conocerá de forma definitiva cuántos años de prisión corresponderán a cada uno de los imputados.
En pie la demanda al Estado
Los miembros del Comité de Familiares de Masacrados de la granja penal dieron a conocer, a través de su vocero Joaquín Salinas, que la demanda millonaria que se interpondrá al Estado de Honduras se debe a que es necesario resarcir los daños ocasionados a los familiares de las víctimas.
'Hemos escuchado el fallo, el cual vemos de forma satisfactoria. Cabe mencionar que no vamos a dejar a un lado la demanda porque este hecho debe quedar en claro que continuará con una demanda al Estado por todos los daños que hemos recibido como familiares', dijo Salinas.
Según el dirigente, sólo en las familias se ha podido conocer de cerca todos los problemas vividos desde la matanza, 'no vamos a decir que nuestros hijos eran unos angelitos, pero podemos decir que estaban pagando por daños a la sociedad y, contrario a rehabilitarlos, los mataron cobardemente', recordó.
Personas que llamaron a emisoras y medios televisivos de la localidad se preguntaron que aunque se hará una demanda al Estado, quién les responderá a ellos por la muerte de sus familiares.
'Mi hijo fue muerto por un pandillero, pero ni el Estado ni nadie hace algo por mí. Vemos que esta situación no es correcta; esta gente debe desistir de una demanda', dijo una ciudadana.
La ciudad de La Ceiba estuvo ayer interesada en el fallo. Cientos de personas estuvieron desde temprano pendientes de su desarrollo.
CIFRAS
21
Días
Duraron las deliberaciones del honorable Tribunal de Sentencias, en horarios extendidos hasta de 12 horas por día.
21
Es el número
De sentenciados, también de pandilleros sobrevivientes, así como de reos que murieron en la masacre del penal.