Como una medida contraproducente y el inicio de la repetición de los hechos que desencadenó la situación política en Nicaragua y Venezuela, calificaron la pretensión de ciertos sectores de autorizar las compras directas a las instituciones descentralizadas y desconcentradas del Gobierno, sin seguir los lineamientos debidos.
La medida que daría vida al polémico artículo 289, toma en consideración la contratación discrecional de las secretarías de Estado al ir en contra de la ley vigente de contratación, en donde ya establece las pautas a seguir durante los procesos, además de ir en contra al artículo 360 constitucional, el cual establece el marco jurídico de las instituciones.
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Respecto al artículo establecido dentro del proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, sectores de sociedad civil y diputados del Congreso Nacional se manifestaron en contra.
“Además de contraproducente iría en contra de cualquier norma de la buena gestión pública, las contrataciones directas se hacen en un entorno del contexto de emergencia, más bien esto tendría enormes repercusiones en el combate de la corrupción y la eficiencia del gasto”, expreso a LA PRENSA el director de transparencia de la Asociación para una Sociedad mas Justa (ASJ), Léster Ramírez.
Asimismo, agregó que “creo que también aquí el sector privado deberá pronunciarse porque es una manera muy fácil de cortar el sector privado, yo creo que es una manera muy fácil de cortar empresarios y así pasó en Nicaragua y en Venezuela y una vez que ya están cortados se convierten en dependientes de las estructuras políticas y eso es muy peligroso”.
Desde el Legislativo, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Claudia Ramírez enfatizó que “eso ha traído demasiado ruido en el pasado se hacía y no podemos seguirlo haciendo que sumaban corrupción, nuestra posición es que no queremos dispensa de debates si esto nos va llevar hasta el 31 de diciembre aquí estaremos, esto es serio. No vamos apoyar todo aquello que no consideremos adecuado, como el ejemplo del 289”.
En el mismo sentido, desde las bancadas del partido Liberal (PL) y Nacional (PN), se llamaron a estar pendientes al proceso y la supresión de los artículos que contravengan las leyes ya establecidas por lo que no acompañarán el dictamen si las mismas no son sacadas del documento.
Por su parte, desde el oficialismo, el jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, manifestó que “todos los secretarios nos han dicho que se ocupa una reforma a la ley de contratación del Estado porque es demasiado lento, demasiado complejo y que se es poco operativo, todos han solicitado una reforma que se deberá construir con todos los entes de transparencia para que esta medida pueda agilizar la burocracia, esto sería un proceso a parte que se construya para privilegiar las empresas del Estado”.
El polémico artículo 289, establece que: “Con base a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado, se autorizar a las Secretarías de Estado, Desconcentradas y Descentralizadas, para que en el ejercicio de sus facultades, pueda contratar utilizando la modalidad de Contratación Directa, bajo procedimiento especial, sin que esta requiera de la autorización de la Presidenta de la República, establecida en el artículo 63 de la referida Ley o del Órgano de Dirección Superior cuando se trate de las Instituciones Descentralizadas”.
Ante la tormenta de críticas al proyecto formulado por la Secretaría de Finanzas y el Poder Ejecutivo, ayer la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), a través de a la Oficina Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Honduras (ONCAE), solicitó al CN realizar modificaciones, para que se elimine el Procedimiento Especial para Compras y Contrataciones del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023, específicamente los artículos 289, 290 y 291.
