Tegucigalpa, Honduras. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron presuntos actos de hostigamiento y vigilancia contra sus integrantes, luego de solicitar que se agilice el proceso judicial contra el general Roosevelt Hernández, en un caso que mantiene la atención de sectores vinculados a la defensa de las garantías ciudadanas.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) hicieron pública su denuncia mediante un pronunciamiento en el que defendieron su participación en el seguimiento del proceso y rechazaron los señalamientos que cuestionan sus actuaciones.
Ambas organizaciones sostuvieron que presentar escritos ante las instancias correspondientes y observar el desarrollo de procesos judiciales constituyen mecanismos legítimos de participación ciudadana y vigilancia de los derechos humanos.
En el documento también cuestionaron declaraciones atribuidas al abogado Darwin García, defensor de Hernández, quien presuntamente calificó sus actuaciones como una supuesta “injerencia externa”.
Los defensores, además, expresaron preocupación por lo que consideran posibles acuerdos entre sectores políticos, mandos militares y actores del sistema de justicia, a los que se refirieron como “pactos oscuros bajo la mesa”.
Según el pronunciamiento, estas situaciones podrían contribuir a silenciar denuncias y favorecer la impunidad en casos relacionados con presuntos abusos contra periodistas, comunicadores sociales y ciudadanos. Las organizaciones no aportaron en la información proporcionada elementos independientes que permitan verificar esos señalamientos.
Denuncian vigilancia cerca de sus instalaciones
Entre los hechos que motivaron la denuncia, ASOPODEHU y JOPRODEH mencionaron presuntas acciones de vigilancia que, según indicaron, se han registrado desde el inicio del juicio contra el exjerarca militar.
Las organizaciones señalaron el uso de luces infrarrojas dirigidas hacia las instalaciones de JOPRODEH, así como la presencia reiterada de patrullas de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) cerca de la vivienda de Dina Meza, directora ejecutiva de ASOPODEHU.
Los defensores manifestaron su preocupación por el posible impacto de estos hechos en la seguridad de sus integrantes y en las labores de acompañamiento, denuncia y observación de los procesos judiciales.
Ante esta situación, exigieron el cese de los actos de estigmatización y hostigamiento que denuncian, además de garantías de seguridad para quienes integran ambas organizaciones.
También solicitaron un pronunciamiento público del Mecanismo Nacional de Protección para que se conozca la situación expuesta y se atiendan sus preocupaciones.
Exigen transparencia judicial
La denuncia se produce en medio de las gestiones de ambas organizaciones para que se agilice el proceso judicial contra Roosevelt Hernández, cuya tramitación consideran importante para garantizar la transparencia y el seguimiento de las actuaciones de la justicia.
Los defensores rechazaron que su participación en el caso pueda interpretarse como una injerencia indebida y defendieron el derecho de las organizaciones ciudadanas a observar los procedimientos judiciales y exigir rendición de cuentas.
“Defender los derechos humanos no es delito, observar la justicia no es injerencia y exigir transparencia no es intimidación”, expresaron al concluir su pronunciamiento.
Hasta la información proporcionada para esta nota no se incluye una respuesta de la defensa de Hernández ni de las autoridades señaladas respecto a las denuncias de hostigamiento y vigilancia.
