El responsable de llevar adelante la depuración de la cuestionada policía de Honduras reconoció ante el Congreso que el primer año del proceso ha fallado y adjudicó su fracaso a una decisión del Ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Eduardo Villanueva, responsable de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial de Honduras (DIECP), declaró al martes en la noche ante el Congreso que en su año de funcionamiento 'con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos la DIECP emitió 230 resoluciones en base a prueba de polígrafo para que se separara a oficiales de la carrera policial, entre ellos 16 altos oficiales con información precisa de su comportamiento'.
Pero añadió que 'la norma jurídica llega hasta ahí, se traslada a la Secretaría de Seguridad para que cancele a esos miembros de la policía. No tengo más autoridad que esa para impulsar este proceso de reforma'.
'Preguntémonos entonces donde están las 230 resoluciones de separación de policías que cursé al secretario de Seguridad. Si yo emito 230 resoluciones vinculantes y sólo siete agentes son separados, la respuesta a dónde está el problema es obvia', inquirió Villanueva.
La policía de Honduras se encuentra sometida a un proceso de depuración debido a sus altos índices de colusión con el delito. El proceso, 13 meses después de ser lanzado, no ha dado los resultados esperados registrándose sólo 33 órdenes de separación del cuerpo entre sus aproximadamente 14.000 miembros.
Además, de esas 33 órdenes de separación se han aplicado sólo siete, según datos de la Secretaría de Seguridad.
'El pueblo siente que no existe la justicia, que no se puede confiar en el Estado' y 'queremos resultados, porque ya no aguantamos más', dijo Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional en la inauguración de la sesión de control a Villanueva.
El proceso de depuración policial fue calificado de 'completo fracaso' por el diputado demócrata cristiano Augusto Cruz Asensio.
El diputado German Leitzelar afirmó que 'esas 230 resoluciones emitidas fueron trasladadas a los órganos competentes pero nada ha sucedido, no han sido ejecutadas, entonces debe exigírsele responsabilidad al Director General de la Policía, el ministro de Seguridad y quienes los ha nombrado, el presidente Porfirio Lobo y habrá que depurar responsabilidades'.
Villanueva señaló también que 'entre un 7% y 9% de los policías consumen estupefacientes, lo que significa falta grave y expulsión' pero que la Secretaría de Seguridad tampoco ha aplicado esas expulsiones. Respecto de la ausencia de altos oficiales en las listas de policías a depurar, Villanueva explicó que si 'sólo al 17% de los 160 miembros de la escala ejecutiva se les han aplicado las pruebas de confianza' la responsabilidad recae en que 'la ley le confiere al Director General de la Policía, Juan Carlos Bonilla, la facultad de remitir a los agentes a los que se someterá a las pruebas'.
Tampoco a Bonilla se le han aplicado las pruebas porque, sostuvo Villanueva, 'es de nombramiento directo del presidente de la República de Honduras y para practicarle las pruebas de confianza se requiere de un protocolo especializado.'
El Ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, reconoció a The Associated Press que, efectivamente, como dice la ley la separación de agentes policiales corresponde a la Secretaría de Seguridad y que no era 'capaz de determinar cuántos agentes han sido realmente separados debido a problemas burocráticos y un exceso de medidas garantistas'.
Villanueva a su vez explicó la falta de fondos con la que desarrolla sus funciones. 'Hace seis meses que no podemos pagar ni siquiera el alquiler de nuestra sede por falta de fondos y no sé si mañana me dejarán entrar en el edificio', dijo.
El presidente del Congreso afirmó que 'he participado en reuniones con la cooperación internacional en las que al menos uno de los países donantes me ha manifestado que la financiación no llega porque no existe confianza en el proceso'.
La de Villanueva es la primera de una serie de comparecencias extraordinarias para la rendición de cuentas de los máximos responsables de los sectores de seguridad y justicia en Honduras que podrían resultar en la destitución de los afectados. El miércoles comparecerán ante los diputados el ministro de Seguridad, el director general de la policía y el Fiscal General de la República.
El proceso de reforma de la seguridad pública de Honduras, el país con el mayor número de homicidios per cápita del planeta -91 por cada 100.000 habitantes- comenzó en marzo de 2012 cuando el gobierno, acorralado por la presión ciudadana y los medios de comunicación, tomo la decisión de corregir las prácticas indebidas de la policía, considerada una de las más corruptas del
