Gobierno no se retracta: juzgarán a narcotraficantes en Honduras

Tegucigalpa

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no retrocedió en la determinación de anular el tratado de extradición con Estados Unidos, más bien decidió que los acusados de narcotráfico sean investigados, capturados y procesados por el sistema de justicia hondureño.

Ante esta determinación, “¿cómo personas que están metidas en el narcotráfico van a procesar y juzgar a narcotraficantes”, cuestionó Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

A la reunión del CNDS convocada por la presidenta Xiomara Castro, que estaba programada para las 11:00 am de ayer, asistieron el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, y el fiscal general Johel Zelaya.

Además, estuvieron los cuestionados ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), Rooselvet Hernández.

La integraron también el titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez; el coronel Fernando Ramiro Moños, titular de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), y el director de la Policía Nacional, comisionado general Juan Manuel Aguilar Godoy.

Pasadas las 3:00 pm, los ministros de Seguridad y Defensa leyeron un escueto comunicado, sin permitir preguntas de los periodistas de los diferentes medios de comunicación, que esperaban el anuncio de reconsiderar la decisión o de nuevas medidas para fortalecer el combate a este delito transnacional.

Sánchez inició leyendo el comunicado anunciando que el CNDS decidió brindar su voto de confianza y respaldo total a la presidenta Castro, y al secretario de Defensa, así como al jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA, frente a los ataques y amenazas de la embajada de Estados Unidos, que pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática del Estado.

Al mismo tiempo ratificó que dan el respaldo completo a las facultades constitucionales de la presidenta Castro en la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos.

Lo anterior bajo el argumento de que el tratado puede ser utilizado para la desestabilización del país, en tal sentido el CNDS apoya las acciones en defensa de la institucionalidad del Estado y la soberanía nacional.

Consideran que la presidenta está ejerciendo el mandato de dirigir la política exterior del Estado, las relaciones internacionales y busca mantener la paz y seguridad interior de la república y repeler todo ataque y agresión exterior.

El titular de Defensa terminó de leer el comunicado condenando las acciones -que ellos consideran- injerencistas y desestabilizadoras en contra del Gobierno legítimamente constituido, que incentiva la conspiración para asestar un golpe de Estado y la interrupción del proceso electoral que se avecina.

Justició que estas acciones violan el derecho de la autodeterminación de los pueblos y el principio de derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

“Los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad manifiestan su firme decisión de continuar el combate al crimen organizado y el narcotráfico, sometiendo a los responsables de estos delitos a la justicia nacional y en cumplimiento de nuestra constitución política”, anunció Zelaya.

Para el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, va a ser difícil que en Honduras se aplique justicia en contra del narcotráfico, ya que la mayor parte de los políticos son parte de esas estructuras criminales.

Reseñó que desde el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, en febrero pasado, cuando salieron a la luz nombres de funcionarios de este Gobierno y de la mayoría de partidos políticos, se comenzó a gestar la eliminación del tratado de extradición.

Citó una frase del narcotraficante Pablo Escobar, que decía que prefería una tumba en Colombia que ir a la cárcel en Estados Unidos, pues los narcotraficantes a lo que le temen es a la extradición, no a la justicia de su país.

Para aplicar justicia en contra del narcotráfico se necesita una reforma judicial, ya que en el pasado Honduras no han tenido la capacidad para detener a estas personas.

“Muchos de los narcotraficantes no hubieran llegado a la justicia si no hubieran sido extraditados hacia los Estados Unidos y juzgados aquí, en este país”, analizó.

Para Vigil, no es problema que los países desarrollen las acciones penales en contra de los narcotraficantes, pero Honduras nunca ha demostrado tener esa capacidad.

El país carece de leyes adecuadas en contra del narcotráfico, no tienen un sistema de justicia capaz; además, existe bastante corrupción en el sistema político y jurídico.

Auguró que a partir de ahora se verá más droga entrando a Estados Unidos, mayor actividad delictiva en Honduras, porque ya no es solo un puente, sino que también se ha vuelto productor de estupefacientes.

Para el experto en derecho penal Keneth Madrid, el Código Penal de Honduras incluye las penas y condenas para el tráfico de drogas, el problema es la poca operatividad del sistema de justicia.

Hace falta que haya una verdadera persecución penal y estratégica para sancionar a las personas que cometen ese tipo de delitos.

No solo es de realizar decomisos de drogas, hacen falta investigaciones fuertes para encontrar a las bandas del crimen organizado e identificar a los cabecillas, así como lo ha venido haciendo Estados Unidos. En ese sentido, el principal obstáculo que se va a encontrar en Honduras es que la investigación es muy deficiente al no tener los recursos adecuados; además, el sistema penitenciario del país son escuelas del crimen, que son operados por los narcotraficantes, señaló.

Madrid cuestionó que “¿por qué no vemos tanta judicialización de casos de narcotráfico y nunca lo vimos?, porque el sistema obviamente es deficiente y necesita apoyo y certificación para salir adelante”.

Precisó que desde 2017 en Honduras se pueden realizar procesos por conspiración, preposición y por provocación, que son los actos preparatorios del delito, pero la pena en menor a la impuesta en Estados Unidos.

Tegucigalpa. Los senadores estadounidenses Jim Risch (R-Idaho), miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Chuck Grassley (R-Iowa), manifestaron ayer su profunda preocupación por la decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición.

Al mismo tiempo llamaron a que las administraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris junto con la presidenta Castro vuelvan a comprometerse con la implementación sólida del tratado bilateral de extradición.

“Estamos profundamente preocupados por los planes del Gobierno hondureño de rescindir su tratado de extradición con los Estados Unidos”, expresaron. “Nuestro tratado ha sido una herramienta eficaz de aplicación de la ley, como lo demuestra la extradición de varios narcotraficantes y al menos un traficante de personas de Honduras a los Estados Unidos solo este año”, detallan los senadores estadounidenses.

Además, citaron que en marzo de 2020, el Departamento de Justicia anunció acusaciones formales contra 15 funcionarios venezolanos actuales y anteriores, incluido el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, por presuntamente colaborar con altos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Afirmaron que esta organización terrorista tiene como fin utilizar la cocaína como arma para “inundar” los Estados Unidos.

En ese sentido, expresaron que comparten la sorpresa de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, sobre las reuniones de altos funcionarios de seguridad hondureños con narcotraficantes acusados, como Padrino. Esto en referencia a José Manuel Zelaya, ministro de Defensa de Honduras, y Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA, al aparecer junto a Padrino López en una visita que hicieron al país suramericano.