Trece extraditables prófugos se salvarían; en febrero de 2025 ya ningún hondureño sería extraditado a Estados Unidos

Tegucigalpa

Al menos 13 de los 16 extraditables por los que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ofreció una millonaria recompensa quedarían en libertad con la eliminación del tratado de extradición, pues en Honduras no tienen acusaciones.

El 18 de junio en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, en una gigante pantalla dio con nombres y fotografías la identidad de cada uno de los 16 extraditables que estaban prófugos y por cada uno ofreció recompensas de hasta medio millón de lempiras por información que los llevara a lograr su captura.

Hoy, con la denuncia del tratado dada a conocer por la presidenta Xiomara Castro y el canciller Eduardo Enrique Reina, la extradición quedará eliminada.

El tratado de extradición perderá vigencia dentro de seis meses; es decir, en febrero de 2025, según lo estipulado en el acuerdo bilateral.

Para ese tiempo si no han sido capturados los 13 extraditados que no tienen proceso en Honduras, podrán andar tranquilamente en libertad.

Entre los hondureños pedidos en extradición por Estados Unidos y que serán beneficiados con la eliminación del tratado de extradición está Milton Raúl Montoya Natarén, originario de Tocoa, por quien la Policía ofreció una recompensa de medio millón de lempiras.

Otros extraditables son: Óscar Rafael Leiva, de El Paraíso, Copán; Wilmer Adonay Montoya Natarén, de Colón; Baldemar Roque Negrete, de El Paraíso, Copán; Delis Abner Martínez Palencia, de Florida, Copán; así como Elmer Omar Montoya Natarén, de Limón, Colón.

En la lista también está Erlis Antonio León Castellanos, de El Paraíso, Copán; Henry Hernández Escobar, de Florida, Copán; Joel Armando Galeas Rodríguez, de Juticalpa, Olancho; y Juan Carlos Perdomo, de Copán.

Uno de los más reconocidos entre los extraditables y por quien la Secretaría de Seguridad ofrece medio millón de lempiras es Carlos Fernando Urbina Soto, hermano del exalcalde Arnaldo Urbina Soto, quien fue extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Carlos Fernando no tiene ninguna acusación en Honduras, por lo que con la eliminación del tratado quedaría en libertad.

Otro de los más buscados y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares es Alexander Mendoza, también conocido como Yulan Adonay Archaga Carías, alias Porky, quien fue pedido por delitos de tráfico de drogas.

Si la eliminación del tratado lo abarca, el Porky sí tendría que ser capturado en Honduras, pues está prófugo. Tiene una condena por asociación ilícita como cabecilla de la MS-13 y otra condena por lavado de activos.

La Secretaría de Seguridad por el Porky ofrece una recompensa de 500,000 lempiras.

Por Juan Carlos Montes Bobadilla, quien es pedido en extradición, Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Tres de los miembros de su familia están presos por narcotráfico en ese país.

Y Honduras, por información que ayude a su captura, anunció una recompensa de medio millón de lempiras y no tiene casos pendientes.

Fuentes ligadas a la lucha contra el narcotráfico indicaron que otro de los señalados en la lista es Ricky Juárez Haylock, quien tiene orden de captura en Honduras por ser parte de la estructura de Óscar Armando “Pescado” Bonilla Fúnez.

El canciller Eduardo Enrique Reina hasta el momento solo ha confirmado que Mario José Cálix, alias Cubeta, quien tiene fecha de extradición para el 4 de septiembre, será entregado a las autoridades de Estados Unidos.

El funcionario públicamente ha expresado que ningún hondureño será extraditado a Estados Unidos después de que termine la vigencia del tratado.

El abogado defensor de Mario José Cálix, Manuel Cálix, expresó que están analizando con su equipo legal si pueden interponer un recurso para impedir la extradición ahora que el Gobierno ha denunciado el tratado.

“A mi parecer el tratado terminó en el momento que anunciaron su denuncia, pues el mismo canciller ha dicho públicamente que no iban a permitir una extradición más”.

El abogado y analista Joaquín Mejía Rivera explicó que la Constitución de la República al Congreso Nacional solo le da la facultad de aprobar o desaprobar y no modificar el contenido de un tratado.

“No existe una cláusula expresa donde indique que la denuncia del tratado debe pasar por el Congreso, por lo que se plantea que al Poder Ejecutivo le corresponde la política exterior y las relaciones internacionales y eso incluye el tema de la denuncia”, apuntó.

Mejía agregó que tras la denuncia del tratado estará en vigencia seis meses más, como lo establece el convenio bilateral.

“El Gobierno con la denuncia del tratado, también en estos seis meses, puede echarse para atrás”, apuntó. Edmundo Orellana, exfiscal general, dijo que el riesgo de que el narco se fortalezca es real. La protesta es legítima, pero poco eficaz, porque la decisión está tomada.

Señaló que a partir de ahora no serán las cortes federales de EUA las que deben enjuiciar a los narcos, será la Policía con las capturas y la Fiscalía y el Poder Judicial los encargados de hacerlo, y la pregunta es si están listos.

“Los capos de la droga vivían en plena impunidad hasta que las extradiciones hicieron justicia”, puntualizó.