El ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, declaró en las últimas horas que el crimen organizado ha extendido su influencia a diversas ramas de la economía hondureña, y una de las últimas víctimas detectadas son las empresas de seguridad.
Según Sánchez, estas empresas están siendo investigadas por sus posibles vínculos con el crimen organizado.
Durante su participación en el programa Frente a Frente de Televicentro, el ministro Sánchez afirmó que el crimen organizado controla ciertas empresas de seguridad.
Esta situación les proporciona acceso a armas y facilita el tradicional lavado de activos, convirtiendo a estas entidades en instrumentos clave para actividades ilícitas.
Sánchez destacó la preocupación de que, mientras una persona individual puede tener acceso a unas cuantas armas, una empresa de seguridad puede obtener autorización para una cantidad significativamente mayor de armas de fuego.
El ministro de Seguridad admitió que la identificación de empresas vinculadas al crimen organizado es un desafío complejo para el Estado, ya que requiere meses de investigación.
Asimismo, destacó la dificultad para los ciudadanos y empresas normales de identificar aquellas compañías que tienen conexiones con la criminalidad.
En el foro, Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, recordó al ministro Sánchez que los permisos para la operación de estas empresas y su supervisión corresponden a la Secretaría de Seguridad.
Ayestas instó a las autoridades a llevar a cabo exhaustivas investigaciones sobre los propietarios y representantes legales de estas empresas.
Capos en el negocio
El ministro Sánchez recordó casos anteriores, como el de los "Cachiros" y los Valle Valle, dos grupos narcotraficantes cuyos miembros fueron extraditados a Estados Unidos.
Ambas organizaciones criminales tenían empresas de seguridad y otras compañías que utilizaban para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas, incluido el transporte de drogas.
El funcionario subrayó que la desarticulación de estas organizaciones criminales ha dejado secuelas económicas en diversas ciudades y regiones del país, que antes experimentaban un florecimiento económico gracias al lavado de dinero a través de negocios formales.
Para ilustrar el impacto económico directo del crimen organizado, el ministro mencionó la reciente incautación de 493 kilos de fentanilo, cuyo valor asciende a 125 mil millones de lempiras. Este dinero, que ya no ingresará al circuito comercial legítimo, destaca la magnitud del desafío que enfrenta Honduras en su lucha contra el crimen organizado y sus consecuencias económicas.
