TEGUCIGALPA
La Corte de Apelaciones determinó que el caso en contra del exalcalde Nasry Asfura y otros siete exfuncionarios de la alcaldía del Distrito Central sea remitido para su resolución en la Corte Suprema de Justicia. Esa determinación responde a una apelación presentada por la defensa legal del exjefe edilicio capitalino.
Asfura junto a otros exfuncionarios son investigados por el supuesto delito de malversación de unos 28 millones de lempiras en una parte de su gestión entre 2017 y 2018.
El documento del Poder Judicial establece: “Declara la nulidad absoluta de las actuaciones realizadas a partir de la audiencia de declaración de imputado y la resolución dictada el 21 de octubre de 2024, por el Juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción con sede en Tegucigalpa”.
Por lo tanto, la Corte conocerá el caso de las personas señaladas debido a que uno de ellos, Nilvia Ethel Castillo es en la actualidad diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los delitos
El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en contra del exalcalde del DC y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura Zablah.
Según la acusación del MP, el exalcalde formó parte de un esquema de lavado de dinero ejecutado por exfuncionarios de la alcaldía capitalina que drenó 28.5 millones lempiras. Los señalados son: Nasry Asfura, Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela, Nilvia Ethel Castillo, Mario Roberto Zerón Suazo, Rony López Córdova, Wilmer Gerardo Rodríguez, Roger Ariel Amador y Óscar Rolando Uriarte Romero. Por todo ello, enfrenta acusaciones de lavado de dinero y desvío de fondos públicos, al igual que las siete personas antes mencionadas.
Las acusaciones incluyen delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Según el MP, los cheques habrían sido depositados en cuentas personales de los imputados, fondos que posteriormente egresaron para beneficio de personas naturales y jurídicas vinculadas a Asfura Zablah.
Algunas de estas personas habrían cobrado los cheques y entregado el efectivo a uno de los imputados, quien era de confianza del exalcalde.
Además, se presume que otra parte del dinero fue desviado para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía, pagar tarjetas de crédito de Asfura Zablah y sus descendientes, y realizar compras personales, como joyas.
El político ha dicho en reiteradas ocasiones que no teme enfrentarse a la justicia porque se considera una persona inocente. Sus abogados han denunciado que todo se trata de persecución política.
A él todos sus allegados le llaman “Papi a la orden” porque es la forma con la que saluda cuando alguien se dirige a él.
