Los expertos ambientalistas son claros en su postura en contra de la construcción de una granja penal en Islas del Cisne: no hay estudios de mitigación de parte del gobierno y la vida marina se pone en riesgo.
Expertos consultados consideran que el archipiélago correría el riesgo de perder la vida marina, entre otros males.
“Primero necesitamos un estudio de cómo se van a mitigar los impactos, pero no hay compromiso de los proponentes. Básicamente es un proyecto oscuro que no se sabe hacia dónde va encaminado”, analizó el ambientalista Modesto Ochoa, presidente del Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf).
Capacidad
Según el decreto Ejecutivo, esta cárcel tendría una capacidad para albergar unos 1,500 reos de alta peligrosidad. Proyectos similares se plantearon en otras administraciones gubernamentales. La decisión de la presidenta fue tomada en consejo de Ministros luego de la masacre dentro de la Penitenciaría Femenina de Támara el pasado 20 de junio, donde murieron 46 mujeres.
Además, esta isla integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinaph) y es de las 30 áreas prioritarias del país. El impacto ambiental sería devastador, pues provocaría la muerte de la vida marina de la isla.
“Podíamos anticipar que no sería factible que se lleve a cabo la construcción del proyecto”, reiteró Ochoa. El impacto se reflejaría como “daños a la reserva, la vida marina y la parte de la flora resentirán un impacto abrupto”, manifestó.
La bióloga marina Gabriela Ochoa también teme la destrucción del ecosistema marino porque “es un área protegida”.
Postura
Por su parte, el ministro director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Luis Solís, explicó que la construcción de la granja penal no atenta ambientalmente.
“No es una extracción minera, solo es una cárcel, una obra física en un área determinada de tierra, entonces el impacto ambiental no amenaza las especies existentes en el lugar”, aclaró. “No hay actividades de extracción de flora y fauna marina, habrá tratamiento de aguas residuales”, agregó.
La construcción de esta granja penal la planteó la presidenta Xiomara Castro tras el asesinato de 46 reclusas en la única prisión para mujeres del país.
Por su parte, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, al ser consultada por los fondos para este proyecto, dijo que la Secretaría de Seguridad cuenta con su presupuesto, al igual que la Secretaría de Defensa, además podrían buscar financiamiento para su desarrollo.
