Los diputados del Congreso Nacional sostuvieron ayer una larga jornada de reuniones para tratar de llegar a acuerdos y elegir finalmente al nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP), pero nuevamente fracasaron en su intento de diálogo.
Las tensiones entre las instituciones políticas, sumado a diversos escenarios y propuestas, han marcado esta crucial decisión para el ente acusador de Honduras.
Las intensas pláticas se mantuvieron desde horas tempranas entre el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas: Rafael Sarmiento, por Libre; Tomás Zambrano, por el Partido Nacional; Mario Segura, por el Partido Liberal; y Jhosy Toscano, del Partido Salvador de Honduras.
A pesar de los esfuerzos de los líderes partidarios, todo resultó infructuoso una vez más, dejando en suspenso el proceso de selección.
Fue por esa falta de acuerdos que la convocatoria de Redondo para la sesión a las 3:00 pm de ayer no se concretó. El llamado fue trasladado para este jueves a las 11:00 am. “En vista de las jornadas extensas que estamos realizando con las diferentes bancadas y congresistas, he decidido posponer la hora de la sesión con el objetivo de dar tiempo para lograr los consensos necesarios”, argumentó Redondo.
Firmes
Las fuerzas de oposición conformadas por los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras mantienen hasta el momento la nómina propuesta el pasado martes, en la cual se busca que Marcio Cabañas Cadillo (de 47 años) sea el nuevo fiscal general y Jenny Gabriela Almendárez (de 36) asuma como adjunta. Estos candidatos han generado su interés y respaldo.
La oposición enfatiza que tanto Cabañas Cadillo como Almendárez Flores tienen una trayectoria fiscal importante y fueron los mejores evaluados por la extinta Junta Proponente. Cabañas recibió una calificación de 84.36%, mientras que Almendárez de 95.55%.
En conferencia de prensa, el Partido Nacional comunicó que “70 diputados consideramos que Cabañas Cadillo debe ejercer ese cargo, va a fortalecer la institución, la va a renovar y tiene una carrera de más de 25 años en la Fiscalía. Además, es independiente, no pertenece a Libre, ni al Partido Nacional, por tanto, va a ser imparcial en las acusaciones e investigaciones”.
Los congresistas nacionalistas, aunque invitaron a Libre a sumarse a su propuesta, dejaron abierta la posibilidad de que estos presenten entre los otros tres nominados al fiscal adjunto.
De su lado, el partido Libre insiste en querer ubicar a Marcio Cabañas Cadillo como adjunto y a Johel Antonio Zelaya (de 43 años) como el próximo titular de la Fiscalía.
En comparecencia de prensa expusieron que hoy presentarán la misma nómina y esperan contar con el respaldo de los demás partidos para evitar entrar en una “crisis política”.
Libre tiene 50 diputados en el Congreso Nacional, por lo que no cuenta ni siquiera con la mayoría simple. Esto obliga al partido de izquierda a negociar con las demás bancadas.
Aunque ambas partes cuentan con la figura de Marcio Cabañas Cadillo en sus nóminas, la oposición insiste en no incluir a Johel Antonio Zelaya. Este punto de discordia y las fuertes tendencias políticas de Zelaya, vinculado a la izquierda, han entorpecido las negociaciones.
Sobre este candidato, el Partido Liberal declaró a través de un comunicado que no acompañará a una nominación que esté compuesta por alguien que “no cumplió éticamente sus responsabilidades ante la Junta Proponente, faltando a la verdad jurada”.
A pesar de la complejidad política, la posibilidad de un acuerdo entre los cuatro partidos políticos con mayor músculo en el Congreso no está descartada, pero si los partidos Nacional (44 diputados) y Libre (50 diputados) se unen, sumando sus respectivos congresistas, podrían tener la capacidad de elegir a las nuevas autoridades fiscales. Toda la oposición es incapaz de llegar a los 86 votos requeridos, pero si contasen con los llamados “diputados disidentes”, que son alrededor de 20, afines al parlamentario Jorge Cálix, podrían ser un factor decisivo en esta ecuación.
Junta interventora
Luego de fracasado el primer intento el martes, en entrevista con medios de comunicación en el hemiciclo, el diputado oficialista Carlos Zelaya insinuó que se podría optar por una junta interventora para dirigir el Ministerio Público si no se escoge a las nuevas autoridades al 31 de agosto.
“Esperamos no tomar decisiones que vayan fuera de la Constitución”, expresó el secretario del Legislativo.
Al respecto, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, en conversación con LA PRENSA Premium, aseguró que esto no es posible legalmente porque violaría la ley, aunque tampoco descartó que el partido en el poder quiera imponer esta medida.
“Nos preocupan estas declaraciones de Carlos Zelaya, recordemos que ya se hizo anteriormente, y generalmente una interventora está compuesta por tres personas, que serían en todo caso uno de Libre, otro del Nacional y un liberal”, apuntó el analista.
Barrientos cuestionó lo previsto al argumentar que tal acción no abona a la democracia, por lo que “más bien desde ahora deben ir pensando cómo cambiar los procedimientos de elección de magistrados y fiscales porque no podemos estar con los mismos conflictos cada cinco o siete años”, especificó.
Para elegir a una comisión interventora también se necesita la mayoría calificada de 86 votos, algo que se torna igualmente difícil.
Tanto el Partido Nacional como Salvador de Honduras se pronunciaron públicamente en contra, aduciendo que esto no representa ninguna figura legal y lacera los preceptos constitucionales.
Otra de las alternativas que se barajan es que si el actual fiscal general Óscar Chinchilla decide renunciar a su cargo, el vigente fiscal adjunto puede asumir de forma interina o en su defecto el director de fiscales.
Barrientos detalló que si no se elige al fiscal general hoy jueves tampoco se rompe el orden constitucional, y aunque la ley no indica cuánto tiempo de prórroga una vez finalice el tiempo estipulado; es decir, el 1 de septiembre, las actuales autoridades deben seguir en su cargo mientras no se determinen las nuevas.
En tanto, Mauricio Díaz Burdett, coordinador del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), concordó que el Ministerio Público no puede carecer de liderazgo, pues hay reglamentos y leyes que permiten que otras personas funjan provisionalmente estos cargos.
El miembro de sociedad civil considera que las versiones difundidas públicamente en torno al futuro de la Fiscalía han sido intencionalmente hechas para forzar las circunstancias de elegir las nuevas autoridades. Asimismo, recordó la importancia de que exista madurez y democracia entre las bancadas en el proceso de negociaciones.
Por otra parte, el diputado liberal Marlon Lara llamó al oficialismo a sumarse al acuerdo que involucra a la tríada opositora, con el objetivo de acabar con la incertidumbre y zozobra de la población. Sobre el escenario de qué pasará si no se elige hoy a las nuevas autoridades, Lara señaló que “la Constitución contempla que los actuales funcionarios se deben mantener en puestos hasta que se elijan las nuevas autoridades. Eso es un proceso normal en todos los cargos en que deben ser electos a través del Congreso”.
La designación del nuevo fiscal general y adjunto se ha convertido en un proceso lleno de obstáculos y desafíos políticos, hoy veremos si se logran sortear.
