Tras más de catorce horas de reuniones, campesinos, terratenientes, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, acordaron ayer que ya no habrá más invasiones de tierras, pero tampoco desalojos a quienes las poseen sin tener título.
Este acuerdo de paz ha sido signado por la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) y las organizaciones de campesinos, actuando como testigos de este compromiso el director del Instituto Nacional Agrario, César Ham, y una comisión de diputados del Congreso Nacional.
El pacto es el compás de espera, mientras se resuelve el conflicto de la mora agraria, así como el problema del acceso a la tierra de parte del campesinado, que una vez solventado será presentado un dictamen consensuado que se someterá al Congreso para aprobarlo como una ley que le ponga fin a los enfrentamientos entre terratenientes y campesinos que han provocado muertes, heridos, tomas de carretera y una constante inseguridad en las zonas del conflicto.
Como muestra de buena voluntad, ofrecieron una conferencia de prensa en el Congreso, el director del Instituto Nacional Agrario, INA, César Ham; el presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Fenagh, Leopoldo Durán; el presidente de la comisión de diputados que dictamina la ley, Orle Solís; y Francisco García, secretario de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, Anach, una de las organizaciones campesinas representadas.
Los acuerdos
Hasta ayer prácticamente tenían resuelto el problema de la mora agraria, que son los grupos campesinos en poder de tierras ajenas, que se busca la manera de que no se les desaloje y que más bien se les extienda sus títulos de propiedad, luego que el Estado pague a los dueños.
El segundo, el del acceso a la tierra, es el que mantiene aún sin solución a las partes, pero los campesinos se comprometieron a no invadir más tierras, los terratenientes a no solicitar desalojos, y la parte oficial a seguir mediando hasta lograr la solución.
La crisis en el campo se agudizó luego que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declara inconstitucional el decreto 18-2008, que servía para que el Estado pagara las tierras ocupadas por los campesinos a sus verdaderos dueños. El 45 por ciento de los casos no estaban resueltos, pero ya se logró un acuerdo. Según Orle Solís, “queremos la paz del campo, seguiremos dialogando para que todo sea lo mejor de Honduras. Los campesinos y el INA presentaron un decreto, los ganadores otro, estamos trabajando, estamos con las partes en conflicto, por ahora no se presentará el dictamen, seguiremos conversando”, dijo, y sería introducido hasta después del 13 de febrero que el parlamento regrese, porque la próxima semana se darán vacaciones.
Entre tanto, César Ham destacó que existe la voluntad de resolver el problema agrario, es preferible tardarse en dictaminar el proyecto de ley para garantizarle la paz al campo, no es sólo la mora sino el acceso del campesino a la tierra. “Son 110 grupos campesinos con 10 mil familias, que ya se les resolvió, pero hay 200 grupos campesinos que no están en lista, pero son la mora campesina, son 30 mil familias la mora agraria”, dijo. Se estima que el Estado podría pagar unos 700 millones de lempiras por concepto de mora agraria.
Por su lado, Leopoldo Durán fue claro en que se busca resolver el problema del campo y no habrá solicitud de desalojo de parte de los terratenientes, “la Federación ha hecho una propuesta, le estamos buscando solución a la mora agraria y luego un proyecto de desarrollo agropecuario integral”.
Entre tanto, Francisco García, secretario de la Anach, una de las organizaciones campesinas representadas, dijo que quieren que ya no corra la sangre en el campo, que cese la persecución y por eso la idea es resolver el conflicto en la mesa del diálogo.
