El Congreso Nacional aprobó ayer en esta ciudad la Ley de Promoción y Protección de la Inversión que blinda los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que inviertan en el país.
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Esta ley es la quinta que, junto con las de Empleo por Hora, Empleo Rural y Urbano Marginal, Ley de Asociación Público-Privada y Ley de Empleo en el Extranjero, ha aprobado el Legislativo para generar oportunidades laborales.
Con la comisión de dictamen de la nueva ley estuvieron reunidos empresarios para hacer aportes y sugerencias.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, destacó que durante más de un año han estado analizándola para su aprobación y esperan sancionarla en la inauguración del foro “Honduras is open for business” junto con el presidente Porfirio Lobo Sosa.
“Esta ley le garantiza al inversionista extranjero que sus bienes y sus recursos van a recibir protección y una tasa de retorno aceptable por medio de mecanismos novedosos como la contratación de seguros de riesgo político que instituciones internacionales ya están manejando. Estamos hablando de sostener de 20 a 30 años las condiciones de punto de inicio de una inversión en términos de lo que puede ser la parte fiscal y la garantía de los empleos”, dijo Hernández.
La norma amplía las garantías de protección conforme al derecho internacional sobre inversiones con el establecimiento de la figura del arbitraje.
“Nos permite que en el caso de la gran mayoría de disputas que podría haber, como es normal en los negocios o en cualquier aspecto empresarial, los socios puedan resolverlas por la vía de un arbitraje y que la última opción podrían ser los tribunales. Si quieren irse a un arbitraje a Londres, por ejemplo, que sea aceptado. Ésa es la dinámica mundial”, señaló.
La legislación contempla la creación de un Consejo Nacional de Inversiones como ente encargado de la promoción de políticas públicas con el fin de generar atracción para el desarrollo.
Flexibilidad
El diputado Héctor Guillén señaló que uno de los capítulos más importantes de la legislación es “Del procedimiento acelerado para inversiones de gran escala”, consistente en que las inversiones calificadas por la Secretaría de Planeación como megaproyectos de interés nacional que requieran una inversión no menor de 50 millones de dólares solicitarán ante el Consejo Nacional de Inversiones la aplicación de un procedimiento acelerado de inversión.
Al ser aprobada la solicitud será trasladada al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República en Consejo de Ministros emita un decreto ejecutivo que contenga un certificado de incorporación y viabilidad de operación que incluirá todos los permisos requeridos por la legislación hondureña. Este procedimiento, desde su comienzo hasta su conclusión con la emisión del decreto ejecutivo, deberá hacerse en un término de treinta días, según el artículo 41.
El diputado Toribio Aguilera dijo que la nueva ley tiende a garantizar la inversión y que el inversionista podrá disponer con mucha flexibilidad de la repatriación de las utilidades que le originen una inversión en el país y el aseguramiento de las divisas que necesita en su proceso productivo.
“Desde el punto de vista de incentivos contempla exenciones en impuesto sobre la renta, con base en que se instale la inversión en zonas prioritarias que el plan de país establezca y en aquellas actividades que nos interesa que se desarrollen.
La ley deja un esquema para la promoción de microempresa rural por medio de las cadenas productivas. Estamos pensando no sólo en grandes empresas, sino en las medianas”, dijo. Aguilera apuntó que el país no puede seguir creciendo a un ritmo del 2 al 3%, igual como crece la población. “Así nunca vamos a salir de la pobreza. Necesitamos crecer del 7 al 8% para duplicar el ingreso per cápita al término de diez años.
Las leyes van con objetos fundamentales para la promoción del empleo, sobre todo para los jóvenes que no están teniendo oportunidades”, señaló.
El empresario Fernando García expresó que la Ley de Promoción y Protección a la Inversión es muy importante porque dará tranquilidad y certeza jurídica, de manera que el inversionista extranjero tenga la seguridad de que en un largo periodo no tendrá problemas legales.
“También tiene mucho que ver con la agilización de trámites administrativos”, expresó.
