Tegucigalpa
Frente a la posibilidad que la oposición del Congreso Nacional convoque a una sesión extraordinaria, sectores políticos y juristas coinciden que lo aprobado por diputados durante la autoconvocatoria podría quedar sin valor y efecto por falta de trámite.
Pese a que los proyectos aprobados durante la autoconvocatoria sean enviados al Poder Ejecutivo para su sanción cumpliendo los requisitos constitucionales, se prevé que la presidenta devuelva al Congreso o vete los decretos aprobados, situación por la cual quedarían engavetados.
“Si se logran reunir los diputados y toman la decisión a través de un presidente interino, solo para manejar las sesiones, ellos pueden tomar decisiones y la presidenta Xiomara Castro tiene que vetarlas”, explicó el jurista Raúl Pineda.
Agregó que “el problema en este momento no es si se elige el fiscal, sino la parálisis legislativa que hay. El primer golpeado con la parálisis es el mismo gobierno”.
A su criterio, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha abusado de su autoridad y se ha apartado del marco legal desde la concepción ideológica.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Fátima Mena dijo que “si lo aprobado durante las sesiones realizadas por la oposición queda sin valor y efecto, quedará confirmado que es Libertad y Refundación el que tiene paralizado el Congreso”.
Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, denunció ayer que “la directiva ilegal y usurpadora del Congreso Nacional quiere realizar la sesión fuera de las instalaciones del Poder Legislativo y convocar sin las 24 horas de anticipación, para poder elegir el fiscal general del Ministerio Público con suplentes de Libre”.
