Herlinda Ramos Bobadilla se vio implicada directamente en dos asesinatos, según revelan documentos federales de la Fiscalía del Distrito Este de Virginia.
“Ella y sus co-conspiradores dirigieron y llevaron a cabo numerosos actos de violencia, incluido el asesinato, en apoyo de la conspiración”, establece el escrito.
En un acuerdo de culpabilidad, Herlinda Ramos, admitió que, con su hijo Noé Montes Bobadilla, coordinó y dirigió el asesinato de una hondureña residente en Virginia, porque creían que era informante del gobierno estadounidense.
“La acusada desempeñó un papel fundamental en la asesinato de Miriam Yolanda Canales Ramos, familiar de la imputada, en junio de 2013”, señala el informe.
“El día del asesinato, los sicarios de clan Montes perdieron la pista del automóvil de la señora Canales Ramos en un retén policial en Tocoa, sin embargo, la acusada contactó a Devis Leonel Rivera Maradiaga —el cabecilla de Los Cachiros—para buscar su asistencia para localizar a la señora Canales Ramos”, sostiene el documento.
Co ayuda de Los Cachiros, los asesinos localizaron a Canales Ramos en un salón de belleza de Tocoa, donde la mataron a balazos.
Asimismo, Herlinda Montes y sus cómplices también contribuyeron al asesinato del general Julián Aristides González, líder de la agencia antidrogas de Honduras, en diciembre 2009.
“Antes del asesinato, varias organizaciones de narcotraficantes conspiraron matar al general Arístides González porque había tomado medidas para desbaratar su negocio de cocaína”, revela la investigación.
Asegura que los Montes Bobadilla fue una de las organizaciones narcotraficantes que ayudó a financiar el asesinato.
Fue Noé Montes quién pagó su cuota de financiamiento del atroz crimen a Devis Leonel Rivera, pero Herlinda Bobadilla, su madre, tomó la determinación de participar en el asesinato del zar antidrogas.
Herlinda Bobadilla conocerá su condena este martes en Estados Unidos, tras declararse culpable de tráficos de drogas.
La Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Este de Virginia imponerle un castigo de 30 años de prisión, mientras que su defensa propuso 20 años de cárcel.
