Graco Pérez, experto en derecho internacional, deploró que Honduras aún no contemple en su Carta Magna las sentencias de la Corte Internacional de Justicia de 1992 y 2007 que delimitaron sus fronteras marítimas y terrestres con El Salvador y Nicaragua, al tiempo que catalogó ese hecho como una desidia de las autoridades nacionales.
LA PRENSA publicó esta semana un artículo en el que varios constitucionalistas y expertos denunciaron que el Poder Ejecutivo y Legislativo han caído en “indolencia inexcusable” al no haber plasmado en la Constitución de la República los nuevos límites ganados por Honduras en ambas sentencias.
“Hay desidia de no atender como corresponde los asuntos de carácter internacional y sobre todo considero yo que
ahí se refleja la falta de profesionalismo de la Cancillería de la República porque a ellos corresponde iniciar el procedimiento, claro esto tiene que llegar al Congreso Nacional, pero corresponde a la Cancillería darle seguimiento a todos los acuerdos, tratados, y en este caso a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, dijo Pérez.
Obligatorio cumplimiento
El experto señaló que independientemente que la sentencia no esté incorporada en la Carta Magna, la misma es de obligatorio cumplimiento para los Estados que se sometieron a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
“Para mí refleja el poco interés de nuestros gobernantes y los diputados sobre el tema soberanía”.
Sobre el manejo del Gobierno del incumplimiento de la sentencia de la CIJ en el Golfo de Fonseca, el experto analizó que este ha sido un problema permanente y recurrente al que no se le ha dado el debido seguimiento por parte de las autoridades en vista que las autoridades de la Cancillería solo se limitan a reaccionar cada vez que hay cualquier roce.
“No existe una política exterior clara, un deseo permanente de que se cumpla el fallo de la CIJ”, aseveró.
Lamentó que el año pasado la cancillería informó que estaban desarrollándose reuniones con las autoridades de los países vecinos para abordar el tema del Golfo de Fonseca y que se firmarían varios acuerdos, pero no hubo nada de eso. Criticó que todo queda en simples registros históricos en los que los representantes de los países se toman fotografías.
A juicio del experto, en este tema ha existido una franca negligencia del Gobierno y de las autoridades, empezando por el Presidente de la República como rector de la política exterior, así como de la Cancillería y de todos los funcionarios que tienen que velar para que la sentencia se cumpla.
“Falsos derechos”
Relativo al conflicto en el Golfo de Fonseca, Carlos Argüello, representante legal internacional de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, remarcó el martes que Honduras no tiene por qué tener derecho en la parte media del Golfo de Fonseca, mucho menos pretender soberanía mar afuera, y que el trasfondo del conflicto, a su juicio, es cuestión de honor del país catracho de decir que posee aguas en el litoral Pacífico.
Argüello aseguró que Honduras nunca pretendió hace 30 o 40 años tener salida propia en el Golfo de Fonseca y que ahora con el desarrollo del Derecho del Mar, que concede el derecho de hasta 200 millas de zona económica exclusiva en el mar, quiere tener derecho de salida al Pacífico.
“Lo que pasa es que en la boca del Golfo hay menos de 20 millas entre las costas de Nicaragua y las costas de El Salvador, y la posición de Nicaragua es que de acuerdo con el Derecho Internacional, las 12 millas del mar territorial de ambos países se confunden, y ahí los únicos ribereños en esa parte son El Salvador y Nicaragua, esa es la posición de Nicaragua”, refirió Argüello.
Según el experto internacional, Honduras pretende una parte del Golfo de Fonseca donde los territorios marítimos de Nicaragua y El Salvador se confunden, además de pretender una salida al mar en la entrada y salida del Golfo que compete solo a Nicaragua y a El Salvador.
