El Poder Ejecutivo ordenó anoche intervenir y grabar todas las llamadas telefónicas y mensajes de texto para, según funcionarios, combatir la ola de secuestros y criminalidad.
La medida, que viola el derecho de privacidad de todos los ciudadanos, forma parte varias decisiones del Gobierno dadas a conocer luego de que el mandatario Manuel Zelaya se reuniera con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Avilés, y el fiscal general del Estado, Luis Alberto Rubí.
A continuación, las decisiones tomadas en materia de comunicaciones, medios de transporte, vigilancia y control de centros de detención y acuerdos con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para enfrentar el crimen del secuestro en el país.
COMUNICACIONES:
UNO. La primera medida es intervenir con orden judicial la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones para permitir que la Policía Nacional pueda intervenir para la persecución del delito del secuestro y crimen organizado las comunicaciones en el país.
DOS. Se prohíbe la venta de celulares y chips sin registro e identificación completa de las personas que los adquieren y se cancela el uso de números privados, debiendo procederse de manera inmediata a la identificación de todas las personas que ya tienen números en la actualidad.
TRES. Se ordena a Conatel implementar medidas legales para que las compañías operadoras de telefonía celular en el país graben de manera permanente todas las comunicaciones telefónicas y mensajes para que esta información pueda ser proporcionada a requerimiento de la autoridad competente con la finalidad de perseguir el delito de secuestro y crimen organizado.
CUATRO. Se ordena el control del uso de computadoras e Internet en lugares públicos, como cafés net, hoteles y otros, debiendo identificarse y registrar por parte de los propietarios de estos negocios a todas las personas que usen estos servicios de manera permanente.
MEDIOS DE TRANSPORTE
CINCO. Todos los vehículos deberán portar placas. Se otorga un plazo de 30 días para ello, después del cual, las autoridades están facultadas para decomisar los vehículos sin placas y detener a las personas que transiten en los mismos sin autorización legal.
SEIS. Prohibir en todos los vehículos de transporte público el uso de vidrios polarizados.
SIETE. SE ORDENA el decomiso de todo tipo de armas que se porten sin el respectivo permiso, debiendo procederse al decomiso de la misma y se penará con prisión a los portadores de conformidad con la ley.
OCHO. De conformidad con la ley, se considerará como un indicio de racional de ser cómplice en la comisión del delito de secuestro y crimen organizado a los propietarios de viviendas y vehículos que los alquilen, presten o faciliten y que sean utilizados por otra persona para la comisión, salvo que hubiesen informado tener sospechas de la utilización de estos bienes con fines delictivos a la Policía.
VIGILANCIA Y CONTROL
NUEVE. Se ordena a la Secretaría de Finanzas transferir la cantidad de diez millones de lempiras a la Secretaría de Seguridad para establecer un sistema de pago de recompensas a los informantes, cuyo apoyo o información conduzca al rescate de las víctimas de los secuestros y/o a la captura de los delincuentes.
DIEZ. Se ordena el bloqueo y control permanente de todas las salidas y entradas a las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con la práctica de registros y control vehicular.
ONCE. Se procederá a establecer una vigilancia especial y permanente de los centros educativos públicos y privados, rutas de autobuses escolares, estaciones de autobuses urbanos, todo con la finalidad de proteger a los niños y jóvenes que asisten a los centros educativos.
CENTROS DE DETENCIÓN DE CÁRCELES
DOCE. Se ordena a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de Honduras tomar el control inmediato de las dos principales prisiones del país, la de Tegucigalpa y San Pedro Sula, bloqueando totalmente las comunicaciones telefónicas en las mismas, para impedir que se dirijan y consumen crímenes y delitos desde estos centros de detención.
ACUERDOS CON LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO
Se ha acordado tanto con la Corte Suprema de Justicia como con el Ministerio Público endurecer la posición de los jueces y fiscales en el otorgamiento de medidas sustitutivas en el caso de personas involucradas o relacionadas con el delito de secuestro o crimen organizado.
