Las negociaciones entre el Gobierno y el empresario petrolero Henry Arévalo para el alquiler de las terminales de almacenamiento de combustibles siguen estancadas.
Aunque Arévalo solicitó al gobierno un plazo de nueve días para analizar la situación, la Procuraduría General de la República lo convocó para mañana a las dos de la tarde a fin de evacuar la siguiente instancia de la conciliación.
Si en esta etapa las partes no logran conciliar sus posicion
es, la Procuraduría estaría interponiendo un recurso judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo a través de una demanda ejecutiva.
El Estado se sustenta en que existe una cláusula contractual que dice que, en caso de emergencia, la empresa Distribuidora de Productos de Petróleo, Dippsa se obliga a dar las terminales al gobierno, y “la situación de emergencia es que el gobierno tiene necesidad por el interés colectivo de poner a funcionar la licitación”, afirmó Efraín Moncada Silva, coordinador del equipo de juristas estatales.
A Arévalo se le ofrece 3.7 centavos de dólar por galón almacenado y él pide 6, aunque el jueves, la apoderada legal de Dippsa, Paulete Patiño, aseguró que su representado aceptó las nuevas condiciones de alquiler de sus tanques.
En la Procuraduría
El alquiler de las terminales de almacenamiento de combustibles es fundamental para que el gobierno firme un contrato de suministro con la firma norteamericana Conoco Philips, ganadora de la licitación pública internacional.
Enrique Flores, ministro asesor de la Presidencia, explicó que el polémico caso está en manos de la Procuraduría, puesto que el contrato entre Dippsa y el Estado establece que en caso de conflictos se deben agotar las instancias del arreglo directo, la conciliación y por último la vía judicial.
“Nosotros confiamos plenamente en la capacidad de la Procuraduría y su equipo de abogados. Estamos muy satisfechos del trabajo que la procuradora está haciendo”, dijo el ministro Flores Lanza.
Recordó que también está un equipo de abogados encabezados por el jurista Efraín Moncada Silva, como también los asesores jurídicos de la Procuraduría, que tienen esta acción a su cargo y ellos han manifestado que dentro de los plazos establecidos habrá una respuesta a esta problemática.
Lucy Bu, secretaria de la Comisión Administradora del Petróleo, explicó que la conciliación en un proceso de tipo legal en la cual las partes tienen que buscar un punto de equilibrio.
Honduras mantiene la propuesta de pagar 3 centavos de dólar por cada galón de combustible almacenado.
Además, Dippsa será responsable de pagar los gastos aduaneros, el 50 por ciento de las inspecciones de cada cargamento, los gastos portuarios no atribuidos al importador, facturación, depósitos en bancos, información y programación, por lo cual el gobierno le pagaría 0.7 centavos de dólar por galón.
Flores Lanza dijo que la suma de las cantidades asciende a 3.07 centavos de dólar por galón de combustibles por los volúmenes proyectados en la licitación.
El presidente Manuel Zelaya Rosales expuso que la licitación internacional de combustibles “ya dio su resultado, el 95 por ciento ha sido un éxito que benefició al pueblo hondureño, especialmente a los consumidores”.
“Si no hemos podido firmar todavía con Conoco eso
no quiere decir que podamos evaluar en una forma incorrecta el proceso. El proceso lo ha apoyado el pueblo hondureño y lo vamos a continuar, lo único que ahora está en manos del Poder Judicial”, recalcó.
Cantidades
1
erogación
15 millones de dólares es lo que aproximadamente ahora erogará el Ejecutivo por los 3.7 centavos de dólar que dará por galón almacenado.
2
demanda
15 millones de barriles de combustibles al año es la demanda nacional que Conoco Phillips tendrá que satisfacer al entrar en operaciones.
Así opinan
“La licitación internacional de combustibles ya dio su resultado, el 95 por ciento ha sido un éxito”.
Manuel Zelaya Rosales
Presidente de la República
“El empresario Henry Arévalo está citado para que acuda este lunes a las dos de la tarde a fin de entrar en el proceso de la conciliación”.
Rosa América Miranda
Procuradora general
