El Gobierno de Honduras evalúa eliminar alrededor de 38 instituciones estatales, entre programas y proyectos, por duplicidad y sobrecarga laboral.
La designada presidencial Maria Antonieta Mejia explicó que la medida surge tras una revisión interna en la que se identificaron dependencias con funciones repetidas, exceso de personal y bajo impacto en la calidad de los servicios públicos.
Según detalló la funcionaria, el análisis forma parte de la elaboración del Presupuesto General de la República, documento que aún no ha sido remitido al Congreso Nacional debido al peso que representan las demandas laborales en las finanzas estatales.
Mejía manifestó que las obligaciones derivadas de procesos judiciales laborales han generado una presión considerable sobre el erario, lo que ha obligado al Ejecutivo a revisar a fondo la estructura institucional.
Como ejemplo de las irregularidades detectadas, mencionó que en el sistema educativo se habrían asignado miles de asistencias técnicas, mientras que otras entidades como el Sistema Nacional de Emergencias 911 y el Instituto de la Propiedad presentan sobrecarga de empleados.
También señaló que el Centro Cívico Gubernamental fue diseñado para albergar a unas 9,000 personas, pero actualmente concentra alrededor de 12,000 trabajadores, una cifra que, a su juicio, evidencia la necesidad de ajustes.
La designada presidencial aseguró que cualquier proceso de supresión institucional se realizará respetando los derechos laborales de los empleados públicos. Para ello, se instalará una mesa técnica que definirá los mecanismos de liquidación y reorganización.
Además, indicó que el Gobierno priorizará esquemas de retiro voluntario como alternativa para disminuir el impacto económico y social de la medida.
La propuesta forma parte de un plan más amplio orientado a racionalizar el gasto público y fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado en el corto y mediano plazo.