El Gobierno de Honduras presentó una estrategia integral para fortalecer la lucha contra la corrupción mediante reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, el fortalecimiento del Ministerio Público y nuevos mecanismos de control sobre las contrataciones públicas, el patrimonio de los funcionarios y el financiamiento político. La iniciativa forma parte del Decreto Ejecutivo PCM-011-2026 y proyecta su ejecución hasta 2030.
La propuesta también contempla la creación del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), una instancia que tendrá la función de coordinar la estrategia nacional, dar seguimiento a las medidas y articular el trabajo entre las instituciones involucradas, sin asumir funciones de investigación penal ni sustituir al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República.
Entre las principales acciones figura el envío al Congreso Nacional de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para fortalecer la persecución de los delitos contra la administración pública, el lavado de activos y la criminalidad organizada. Además, se plantean mecanismos de colaboración eficaz, técnicas especiales de investigación y sanciones más severas para funcionarios condenados por corrupción.
El plan también propone crear una Unidad Fiscal de Casos de Alta Complejidad especializada en corrupción y delitos económicos, así como fortalecer la autonomía institucional del Ministerio Público, profesionalizar la selección de fiscales y ampliar sus capacidades técnicas, respetando el marco constitucional.
Fortalecer la lucha contra la corrupción
Otro de los ejes de la estrategia está orientado a las contrataciones públicas. El Gobierno plantea modernizar la plataforma HonduCompras mediante herramientas de datos abiertos, publicación de contratos en tiempo real y sistemas de alerta para detectar posibles irregularidades en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
La iniciativa incorpora además medidas para transparentar el patrimonio de los funcionarios, prevenir conflictos de interés, aprobar una ley de protección para denunciantes de corrupción y crear un Observatorio Ciudadano de Transparencia encargado de supervisar el cumplimiento de las acciones propuestas.
En materia electoral, el Ejecutivo propone tipificar como delito autónomo el financiamiento político ilícito y exigir que los partidos y candidatos publiquen el origen de los recursos utilizados durante las campañas. La supervisión estaría respaldada por instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y otros entes con acceso a información financiera.
El abogado penalista Fernando González consideró que las reformas podrían fortalecer la lucha contra la corrupción, al señalar que las penas por delitos contra la administración pública son actualmente poco rigurosas. No obstante, sostuvo que los cambios legales deben ir acompañados de una mayor cultura de transparencia en las instituciones del Estado.
Por su parte, el analista Dennis Gómez advirtió que cualquier nueva instancia anticorrupción deberá estar integrada por personas independientes y alejadas de intereses políticos. Agregó que el Gobierno tendrá el reto de demostrar con resultados concretos su compromiso para mejorar la percepción del país en materia de transparencia.
Aunque el Decreto Ejecutivo PCM-011-2026 establece una amplia hoja de ruta para transformar el modelo anticorrupción de Honduras, su implementación dependerá del respaldo del Congreso Nacional para aprobar las reformas legales y de la coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y demás instituciones involucradas.
