El problema de la distribución de combustible en el país está llegando a su punto más álgido: la existencia de gasolina superior cada vez es menor y en las últimas horas el consumo de gasolina regular se ha incrementado.
Aunque varias empresas importadoras que operan a nivel nacional reportaron hace un par de semanas la reserva de producto para 80 días, los consumidores sufrieron ayer un racionamiento de gasolina regular y superior.
A raíz de esta problemática, la Fiscalía de Protección al Consumidor determinará si acusa criminalmente a alguno de los representantes de la Distribuidora de Productos del Petróleo Sociedad Anónima, Dippsa, por la supuesta intención de desabastecer de gasolina superior al país.
Además, la Fiscalía recibiría en los próximos días denuncias por el mismo ilícito en contra de Shell, Texaco y Esso, que ahora son investigadas por la Dirección de Producción y Consumo de la Secretaría de Comercio, informó el titular de esta dependencia, Reynieri Oliva.
El funcionario advirtió que no descartan hacer lo mismo con las transnacionales de combustible, porque las están investigando y llegarían hasta cancelar permisos de operación si encuentran que el desabastecimiento se está haciendo a propósito. También vendrían multas de medio millón e incluso, el cierre de las empresas, amenazó Oliva.
Reciben denuncias
La coordinadora de esta Fiscalía, Noemí Rodríguez y el fiscal Roberto Ramírez Aldana, asistente del fiscal general adjunto, Omar Cerna, recibieron ayer la denuncia y anunciaron que investigarán para determinar a quiénes acusar y por qué o para desvirtuar el presunto ilícito.
Los fiscales tienen un escrito con las presuntas irregularidades que habría cometido Dippsa, según los denunciantes que llegaron ayer al Ministerio Público.
La directora de la Comisión Administradora del Petróleo, CAP, Lucy Bu, el asesor legal técnico de la CAP, Óscar Salgado y Oliva entregaron la denuncia y después ofrecieron una conferencia de prensa.
Bu planteó que 'la CAP presentó ayer una denuncia a la Dirección de Protección al Consumidor y al Ministerio Público por el desabastecimiento de gasolina superior que tenemos de parte de la importadora Dippsa'.
Reservas
'Dippsa nos informa el 27 de junio que no va a tener disponibilidad de un barco que supuestamente debió haber llegado el 2 de julio y no nos da una opción de tiempo para saber cuándo va a llegar ese barco', criticó.
Explicó que el decreto ejecutivo PCM-02-2007, del 14 de enero de 2007, obliga a Dippsa a tener abastecimiento porque el consumidor paga por cada galón un porcentaje para que la empresa tenga 15 días de inventario. Si Dippsa tenía problemas en su abastecimiento debió buscar la manera de que ese inventario siempre se mantuviera en 15 días, agregó.
Las otras compañías no han sido denunciadas porque cuando han reportado que tienen inventarios bajos han utilizado la importación por vía terrestre, justificó la directora de la CAP.
El asesor técnico legal de la CAP detalló que la denuncia se basa en el artículo 273 del Código Penal, que establece una pena de tres a seis años de cárcel por este delito.
Acarreo
El presidente de la Asociación de Transportistas del Petróleo, Atrapeno, Edgardo Menéndez, ha dicho que el paro está programado para los próximos días. Uno de los principales motivos del conflicto es la cancelación del contrato con la Texaco, que habían suscrito hace unos 35 años.
La Texaco en una misiva enviada a Menéndez, informó que puso en marcha un programa de optimización de servicios de transporte que busca elevar los niveles de seguridad de los mismos.
'Chevron Caribbean ha mantenido una política de puertas abiertas con todos los transportistas. Con respecto a Cotrapel, no existe contrato vigentes con ellos. El plazo venció el 30 de junio. Además nunca ha existido entre las partes un acuerdo que le otorgue a Cotrapel el derecho unilateral de prorrogar el plazo', aseguran.
Sustento legal de las denuncias realizadas
Tegucigalpa. El asesor técnico legal de la CAP, Óscar Salgado, detalló que la denuncia se basa en el artículo 273 del Código Penal que establece una pena de tres a seis años de cárcel. 'Se está haciendo una investigación. Ellos -Dippsa- intencionalmente han desabastecido y que no mantienen estos 15 días obligatorios por el decreto 02-2007, si ellos han bajado en las importaciones quiere decir que de antemano han incumplido'.
Eso va en cadena, dentro de 20 o 30 días puede ser que suceda lo mismo con el diésel o con las demás categorías de combustible. Éste es un delito contra los servicios públicos porque es un bien público, consideró el asesor legal.
La coordinadora de la Fiscalía Especial del Consumidor describió que el trámite interno es asignar el caso a un fiscal para precisar si hubo algún ilícito.
