El bono compensatorio para el sector taxi será compartido y aplica solamente a unidades con certificados de operación emitidos hasta diciembre de 2008, informó este martes el titular de la Dirección General del Transporte (DGT), Blas Ramos.
Un grupo de propietarios y conductores de taxi se presentó esta mañana a la DGT exigiendo el pago del bono otorgado durante la gestión del ex presidente Manuel Zelaya, por lo que el director de Transporte recordó un acuerdo suscrito la semana recién pasada por los representantes del sector.
Ramos dijo a una radioemisora capitalina que el viernes fue aprobada un acta que especifica el mecanismo para el pago del bono a 23,330 unidades en Honduras.
El documento fue suscrito además de la dirigencia por el ministro de Finanzas, William Chong Wong; el viceministro Carlos Borjas; el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Pastor; y el director general de Transporte.
El acta establece que para las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el bono será de de ocho mil lempiras por unidad y que el mismo será compartido, es decir, cuatro mil lempiras para el operador y cuatro mil para el propietario.
Para el resto de Honduras, el bono equivale a cinco mil lempiras, también compartido, explicó Ramos.
No obstante, para aplicar al bono, deben cumplirse tres requisitos: Presentar el certificado de operación vigente o en su defecto, la solicitud de renovación en caso de vencimiento; copia de la tarjeta de identidad del propietario y del operador, y copia de la boleta de revisión al día.
El funcionario destacó que con el consenso de la dirigencia del sector, se acordó que que el bono fuera otorgado solamente a unidades con certificados de operación extendidos hasta el 31 de diciembre de 2008.
En Consejo de Ministros celebrado este martes, fue aprobado un acuerdo ejecutivo mediante el cual a partir de 2011 se elimina el subsidio al sector. Dicho acuerdo entrará en vigencia de forma inmediata, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Los taxistas han realizado varias protestas a lo largo del año, como medida de presión contra el gobierno para lograr la cancelación del bono que representa una erogación de más de 92 millones de lempiras para el Estado de Honduras.
