Más de 40 expedientes abiertos por compras directas del Estado se encuentran en el Tribunal Superior de Cuentas. En ellos se gastaron más de tres mil millones de lempiras entre los años 2004 y 2008.
Las autoridades del TSC establecen que en muchos de los casos cuando se decretó la emergencia para las compras directas, esa mencionada emergencia no era real, y por ende las actuaciones de ahí hacia adelante, es decir, las compras directas ya eran al margen de la ley.
El mayor problema se dio en los últimos años con el abuso en compras de emergencia, con precios demasiado elevados, lo que le ha generado al Estado mayores gastos, en relación con una compra mediante el proceso de licitación, que está regulado en la Ley de Contratación del Estado.
Las más famosas
El Gobierno que rompió récord en compras directas fue el de Manuel Zelaya, pues el Consejo de Ministros declaró un sinnúmero de emergencias.
Fue en ese período, 2006 a junio de 2008, cuando ocurren escándalos como las denunciadas millonarias transferencias a las Fuerzas Armadas para habilitar de forma urgente el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua.
La denuncia número 0801-09-100 contra Casa Presidencial es por otorgamiento de recursos millonarios a las FFAA y no a Soptravi, para la construcción de un aeropuerto internacional en la pista aérea Enrique Soto Cano, ubicada en Palmerola, Comayagua.
El presidente de la República en aquel entonces, Manuel Zelaya, en Consejo de Ministros del 11 de junio de 2008 emitió el decreto ejecutivo PCM-014-2008, declarando estado de emergencia para dotar a la capital de la República de un aeropuerto internacional en la base aérea Coronel Enrique Soto Cano, en Palmerola.
El decreto fue emitido a raíz del accidente del avión del vuelo 390 de Taca, el 30 de mayo de 2008, que dejó al menos siete muertos en Toncontín.
El decreto no tiene base legal por no llenar requisitos del artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado; pero las responsabilidades aún están en proceso de investigación.
Pero además hay otros casos de contrataciones directas, y que tal vez sus montos podrían ser ínfimos en relación con otros, como es el caso de la denuncia contra la Secretaría de Educación por la contratación del licenciado Eduardo Maldonado, en proyectos del BID, como consultor en comunicación, devengando un salario de 50,000 lempiras mensuales, sin laborar en la misma.
El TSC requirió al entonces ministro de Educación Marlon Brevé para que informara sobre el caso y diera a conocer el producto de la consultoría contratada. Respondió el 9 de junio de 2009, pero la investigación sigue en curso.
“Hoy no circula”
Otra de las denuncias fue contra el Ministerio de la Presidencia, particularmente la Comisión Administradora del Petróleo, por no realizar el proceso de licitación para la compra de calcomanías para el proyecto “Hoy no circula”, incumpliendo la Ley de Contratación del Estado.
“Se usó la contratación directa, sin que el mismo estuviese contemplado en los supuestos previstos en la Ley de Contratación del Estado.
La empresa a la que se le adjudicó el contrato no cumplía con los requisitos del pliego de las especificaciones técnicas, incumpliendo de esta forma con los incisos f y g de las especificaciones técnicas del pliego y con el tercer y cuarto párrafo del artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contratación.
Se emitieron pliegos de responsabilidad civil por 1,075,600 lempiras, y pliegos de responsabilidad administrativa”, según el TSC.
Renán Sagastume, ex presidente del TSC, señaló que uno de los grandes problemas con la Ley de Contratación del Estado es que una vez que el Consejo de Ministros, las directivas de instituciones descentralizadas y una corporación municipal, decrete la emergencia, automáticamente las compras directas se vuelven legales, pese a que los precios no sean competitivos.
“El problema es que una vez que el Ejecutivo decreta una emergencia es difícil que el Tribunal intervenga porque es con base en ley, el decreto los habilita, y es esa parte la que debe analizarse dentro de la Ley.
“El Gobierno faculta al Ejecutivo o instituciones descentralizadas a través de sus juntas directivas y las corporaciones municipales a declarar la emergencia y esto los habilita. Lo que se debe verificar es que el proyecto se supervise y que sea a un costo adecuado”, pero no se puede anular esa compra directa, según Sagastume.
En el caso de las calcomanías del “Hoy no circula”, el proyecto que no entró en vigor porque la Corte Suprema de Justicia, CSJ, lo declaró ilegal, hasta el momento tampoco se dedujeron responsabilidades ni penales ni administrativas por la millonaria erogación.
No están en archivos
En el TSC sólo hay algunas denuncias supuestamente por irregularidades en compras directas; pero las instituciones públicas llevan muchos años haciendo compras directas que por algún motivo ni en sus propios archivos registran.
Algunos aseguran que los desastres naturales acabaron con esa información, otros que no la tienen disponible, tal es el caso de la Secretaría de Salud, y hasta el mismo TSC, el que no registra cuántas denuncias por compras directas le han interpuesto del año pasado hasta la fecha, por falta de personal encargado a esa actividad.
Para aumentar la oscuridad en el tema, la Ley de Acceso a la Información Pública y la misma Ley de Contratación establecen una oficina de Registro de Compras, instalada en la Secretaría de Finanzas, que tampoco maneja, por ejemplo, cuánto invierte el Estado al año en compras, y bajo qué condiciones.
LA PRENSA consultó y no fue posible obtener el dato.
Es más, el mismo TSC establece en un documento que quiso obtener información sobre todas las compras directas realizadas por el Estado y deja clara la imposiblidad ante la escasa y nula respuesta de las instituciones públicas.
