El Ministerio Público de Honduras anunció este miércoles que ha presentado un “requerimiento fiscal por fraude” contra siete personas, cinco de ellas exdiputados del Congreso, de los que dos ya fueron capturados por la Policía, que supuestamente desviaron fondos públicos.
El requerimiento (una acusación para que la Justicia proceda contra los señalados) fue presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y tres de los exdiputados ejercieron en el período 2006-2014 y dos en el 2010-2014, bajo las Administraciones de Manuel Zelaya y Porfirio Lobo, según indicó la Fiscalía en un comunicado sin identificar a los acusados.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, indicó en la red social X (antes Twitter) que han sido capturados los exdiputados Sara Medina y Carlos Roberto Guevara, más una tercera persona identificada como José Rogelio Sánchez “por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de autor”.
La acusación incluye a otra dos personas particulares “que tuvieron su participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude, luego de presuntamente confabularse con los congresistas para drenar más de 42 millones de lempiras (1,7 millones de dólares) de las arcas del Congreso Nacional (Parlamento) a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH)”, expresó el Ministerio Público.
Fondo Departamental, vehículo del supuesto fraude
Según la denuncia, las gestiones eran hechas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONGs.
“No obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados”, entre otras irregularidades, señala la acusación.
Añade que el origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH y que las mismas se acreditaron en un periodo de seis meses.
“Ahora, presentada la acusación, el Ministerio Público espera se ejecuten las órdenes de captura correspondientes en contra de los siete imputados señalados en esta línea de investigación”, subraya la versión oficial.
La captura se hizo en cumplimiento de una orden de un juzgado especializado en crimen organizado y corrupción, afirmó el ministro de Seguridad.
